Por: Pascual Gaviria

Corridas prohibidas

SEGÚN PARECE, LA MAYORÍA DE los colombianos ve con simpatía la demanda de inconstitucionalidad que podría dejar sin piso legal las corridas de toros y las peleas de gallos.

La Corte tendrá que decidir si la ley que hace una excepción al permitir los tratos crueles contra los animales en esos regocijos populares atenta contra un ambiente cultural y social sano, contra la paz y la convivencia y el libre desarrollo de la personalidad de los antitaurinos.

En principio la posición de la mayoría de los colombianos parece una demostración civilizada de respeto por los animales y desapego por las tradiciones bárbaras de la sangre y la manzanilla. Pero uno lo piensa un poco mejor y se preocupa. La pregunta de fondo, según creo, la hizo hace poco Fernando Savater cuando el parlamento catalán decidió prohibir las corridas en su territorio. “¿Es papel de un Estado establecer pautas de comportamiento moral para sus ciudadanos, por ejemplo, diciéndoles a qué espectáculos no deben ir para ser compasivos como es debido?”.

Creo que la Corte sentaría un precedente peligroso al imponer a todos los ciudadanos una prohibición acorde con la sensibilidad de la mayoría. Las corridas y las peleas de gallos no son obligatorias, por lo tanto es muy difícil argumentar que se viola mi derecho al libre desarrollo personal porque otros forman un corrillo o una montonera para satisfacer sus gustos personales. El argumento de los antitaurinos termina por parecerse a la postura del mojigato que no soporta los pecados ajenos.

En Cataluña la decisión del Parlamento estuvo marcada por enfrentamientos regionales y cálculos políticos. La compasión budista no suele acompañar las decisiones de legislativas. Se prohibieron las corridas, pero se permitieron los correbous, encierros callejeros en los que el toro es perseguidor y perseguido, especie de sainete donde los astados hacen de payasos. Los votos de los veinte municipios del Ebro donde las fiestas populares no serían tales sin las estampidas taurinas, les ganaron la batalla a la sensibilidad de los legisladores. Para algunos, Cataluña mostró que era posible cerrar la puerta a la España negra y medieval que caricaturizó Goya con sus tintas. Pero la decisión parece ser menos restauradora. Los parlamentarios simplemente les dieron gusto a las mayorías antitaurinas en Barcelona y protegieron la afición “bárbara” de las mayorías amantes de los encierros en los municipios de Tarragona.

Hay quienes creen que una decisión de la Corte contraria a las corridas y las peleas de gallos pondría a Colombia a tono con las corrientes civilizadoras de nuestros tiempos. Vale la pena recordar que en 1825 un infatigable jefe de policía bogotano llamado Ventura Ahumada prohibió los juegos de azar y tuvo intenciones de acabar con las corridas de toros, animado por algunos periodistas de la época. Luego, a mediados del siglo XIX, terminada la guerra de los supremos, se cumplió el deseo de los enemigos de las corridas. A quienes les fastidiaban más el alboroto popular y los borrachos que la sangre. El nuevo gobierno, dedicado con esmero a las lecciones morales, prohibió los juegos de azar, los toros y los bailes populares por considerarlos peligrosos para la moral pública. Hoy y siempre es preferible que el alguacilillo mande en la plaza a que el Estado haga de alguacil mayor en las arenas privadas y en las públicas.

 

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