Por: Cecilia Orozco Tascón

¿Corrupción de políticos y jueces? Sigue la fiesta

En medio de los debates electorales y las informaciones sobre el presidente electo, otro gravísimo tema ha pasado de largo como si no tuviera interés periodístico pese a que se enmarca en un foco de gran actualidad: la corrupción de políticos y jueces.  La noticia de que la Sala Civil de la Corte Suprema aceptó —en contravía de una norma interna de respeto entre pares—  revisar las actuaciones de su colega, la Sala Penal, erigiéndose en una especie de controlador superior de esta, debería alarmar por lo que implica: un ataque a la moralidad pública, desafiante con la realidad que acaba de quedar plasmada en las votaciones, y que denota el desprecio y la molestia de la mitad de los colombianos con los poderes establecidos.

No se trata de un intrincado proceso en los altos tribunales que nadie entiende. Es simple y solo hay que ponerlo en blanco y negro: el corrupto senador liberal Álvaro Ashton (corrupto según dos imputaciones en su contra, una por entrar en contubernio con paramilitares, otra por sobornar a magistrados de la propia Suprema), interpuso una tutela ante la Sala Civil contra la Penal porque esta adelanta sus dos juicios con el fin de determinar su responsabilidad. La razón que aduce Ashton es habilidosa, como suelen ser las de quienes pretenden evadir la Justicia después de que la violan. Él aspira a que la Sala Penal se quede quieta, en modo estatua y sin hacer nada en su caso, con el argumento de que hay otras salas en creación. Es decir, quiere ganar tiempo que cuenta para que prescriba al menos uno de sus dos procesos, precisamente  por lo que pagó $1.200 millones de pesos a los corruptos de la misma corte, de acuerdo con los testigos.  Tras él y su previsible triunfo en la Civil, los aforados delincuentes harán fiesta… Inmunidad total para todos ellos.

Uno comprende que Ashton y sus abogados acudan a todos los mecanismos de defensa posibles. Lo que no cabe en la cabeza de nadie sensato es que siete togados de la más alta investidura se presten a su juego o al de los parapolíticos que van tras él. Pero, ¿quiénes componen la Sala Civil que parece acolitarlos?, es la pregunta pertinente. Ariel Salazar es uno de sus miembros, conocido en el resto de la rama judicial por pertenecer al bloque de afectos a la exmagistrada de mala recordación, Ruth Marina Díaz, aquella que, como presidenta de esa Corporación se inventó un crucero para sus amigotes en medio de la crisis de credibilidad que los afectaba. Salazar es el autor de la exótica tesis de que la yidispolítica —el acto de corrupción de compra votos a unos representantes a la Cámara para que aprobaran la reelección de Álvaro Uribe—, se produjo porque estábamos en  guerra contra las Farc. Salazar forzó —a mi juicio de ciudadana, con dolo—, esa teoría para que le dieran libertad al exministro Diego Palacio, vía JEP, un beneficio exclusivo para los protagonistas del conflicto armado.  Por supuesto, a Palacio únicamente le interesaba salir de la dorada prisión en que estaba. No la verdad, no la reparación a víctimas (¿cuáles, si en la Colombia uribista no hay ninguna del Estado?), ni menos el acto de contrición de no repetición. Por cuenta de Salazar y de sus compañeros de la Sala Civil, Palacio y más personajes del uribismo disfrutan, hoy, de libertad mientras sus aliados de partido impiden el avance de las tareas de la JEP. 

Ruth Marina Díaz, de una suerte envidiable porque también es intocable, en un acto de clientelismo digno de Ashton, logró introducir en la Sala Civil que mangonea a su antojo, a varios de sus protegidos. A ella no se le investiga, vaya usted a saber por cuál extraño artilugio, por haber conformado oficina de litigantes con el capturado Francisco Ricaurte y con el extraditado Gustavo Moreno quien representaba al inolvidable Leonidas Bustos en ese bufete.  Pues bien, esta maquillada señora, es, según los corrillos enterados, la mano oculta tras la Sala Civil en donde además de Salazar, contaría con el voto incondicional de Fernando García, navegante con ella, en el crucero por el mar Caribe; y, también con el voto de los magistrados Luis Alonso Rico y Octavio Augusto Tejeiro. Hay otro grupo igual de poderoso en esa sección que respondería a su amistad con el cartagenero Ricaurte, sí, el fundador del cartel de la toga. Serían los costeños Margarita Cabello, también subalterna de Alejandro Ordóñez, y Aroldo Quiroz. Queda uno: Luis Armando Tolosa quien, examinando el caso Ashton, conceptuó que la Sala Penal tiene plena competencia para continuar juzgándolo. Pero él es la excepción. Sus compañeros van por el enésimo intento de cerrar el horrendo capítulo de la parapolítica a machetazos judiciales, y sin que la sociedad reciba siquiera una disculpa de quienes pusieron los bienes públicos al servicio de Mancuso, Jorge 40 y otros genocidas de Colombia. ¡Ay, los corruptos!

 

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