"El aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 27 de abril": Iván Duque

hace 5 horas
Por: Elisabeth Ungar Bleier

Corrupción, desigualdad y crisis democrática

En las últimas semanas se conocieron varios informes de organizaciones internacionales que no pueden ignorarse si se toma en serio la lucha contra la corrupción. Por un lado, Oxfam, el Foro Económico Mundial y la ONU han alertado sobre el dramático incremento de la desigualdad socioeconómica en todo el mundo, pero en especial en países menos desarrollados. Por otro lado, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2019 de Transparencia Internacional revela que, en la mayoría de los países, los avances en la lucha contra la corrupción son precarios y en muchos de ellos hay un estancamiento e incluso retrocesos. Colombia no es la excepción: ocupa el puesto 96 entre 180 países y la percepción de corrupción es de 37 puntos sobre 100, donde 100 es menor percepción. Es bien sabido que la corrupción genera pobreza, acrecienta las desigualdades y afecta mayormente a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran los niños, las mujeres y minorías étnicas.

Estos datos deben alertar al Gobierno, entidades del Estado, partidos políticos, sector privado, sociedad civil y ciudadanía en general. Cuando los ciudadanos identifican la corrupción como uno de los principales problemas, perciben que no hay avances en la lucha contra este flagelo y a la vez se hacen más evidentes la desigualdad y la pobreza, aumenta la pérdida de credibilidad en las instituciones, disminuye la legitimidad de estas y se debilita la democracia. Esto incrementa el inconformismo y coadyuva a que se busquen vías alternativas a las que provee la institucionalidad para expresar demandas y exigir soluciones, como lo han demostrado las masivas marchas y manifestaciones de los últimos meses en Colombia. Y se convierte en un escenario propicio para el surgimiento de liderazgos populistas y autoritarios, de derecha o de izquierda.

La corrupción es un fenómeno complejo, sistémico y estructural que requiere de políticas y acciones igualmente estructurales que tomen en consideración las condiciones sociales, políticas y económicas, nacionales e internacionales del contexto en el que se da. Por ejemplo, en el campo político, la lucha contra este flagelo no será eficaz si no se hacen reformas al sistema político y electoral que determina cómo se ejerce y se accede al poder. De ahí la necesidad de que las propuestas anticorrupción deban ir de la mano de reformas políticas que enfrenten temas como la relación perversa entre dinero y política, la democratización de los partidos y organizaciones políticas, el fortalecimiento e independencia de la organización electoral, las garantías al ejercicio pleno de los derechos de la oposición, la equidad de género, entre muchos otros.

Pero no bastan las reformas si no se modifican prácticas que son un caldo de cultivo para el accionar de los corruptos. Por ejemplo, el abuso de poder por parte de autoridades políticas, civiles, judiciales o militares, y el intercambio de favores —nombramientos, contratos, decisiones judiciales— por votos o para direccionar decisiones en corporaciones públicas o en las cortes. Tampoco basta si el sector privado no asume su corresponsabilidad ni se compromete a no incurrir en prácticas como el soborno, la puerta giratoria o el cabildeo indebido, y si no entendemos que lo que está en juego es la democracia misma.

902016

2020-01-30T00:00:37-05:00

column

2020-01-30T02:42:20-05:00

[email protected]

none

Corrupción, desigualdad y crisis democrática

46

3421

3467

 

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Elisabeth Ungar Bleier

Cuidar los recursos y proteger la democracia

No se equivoque, ministra

Que no nos hierva la sangre

Las palabras, como los gobernantes, se desgastan