Por: Rodolfo Arango

Corrupción rampante

ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN COmentó en alguna ocasión que la dictadura en Cuba cayó no tanto por la campaña militar de Castro sino por la rampante corrupción del régimen de Batista.

La observación del ex mandatario adquiere actualidad ante el balance de labores en el que el Fiscal General de la Nación, con su acostumbrada retórica y sus exiguos resultados, anunció que “la corrupción está matando al país”. Lo que no dijo el saliente fiscal Iguarán es que en casos tan graves como el yidisgate, la parapolítica, las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, la celada de Tasmania al magistrado Velásquez, el asesinato de Villalba o en las interceptaciones y seguimientos ilegales, su ineficiencia premiada ahora con embajada contribuyó al arraigo de la corrupción.

La corrupción carcome a la sociedad colombiana. La ausencia de sentido moral y de justicia está ampliamente extendida. Un ex procurador y ex decano de derecho hace algunos meses exculpaba los pagos del gobierno a Yidis Medina por su voto para la aprobación de la reelección con el argumento de ser ellos práctica común. Otro ex funcionario y ex candidato a la Alcaldía de Bogotá, consideraba que si dar prebendas a los congresistas para que voten a favor un proyecto de ley es un delito, muchos estarían en la cárcel, razonamiento que lo conduce a la sorprendente conclusión de que una práctica tan extendida es reprochable pero no delictiva. La galería de casos que ejemplifican la descomposición moral se complementa con lo dicho por el ex director de un importante diario nacional quien, ante la condena penal al ex representante Teodolindo Avendaño, afirmaba que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia politizaba peligrosamente el ambiente, siendo conveniente que sus magistrados sopesaran el celo con que cumplen sus funciones con el alto interés de la patria en mantener la estabilidad de sus instituciones. Que la moral es flexible lo demuestra también otro ex candidato a la Alcaldía y ex ministro del actual gobierno, quien ante las reveladoras grabaciones que involucran al ex magistrado y candidato a Fiscal General Juan Ángel Palacio en el delito de tráfico de influencias, sólo acierta a decir que esperaba que el sindicado se pronunciara pronto.

La corrupción está enclavada en la mente de la clase dirigente del país. El nuevo escándalo del reparto de cargos diplomáticos y de notarías para aceitar la reforma constitucional reeleccionista lo demuestra. No es la “amigocracia”, defendida con el argumento de que uno no gobierna con los enemigos, la que explica el problema de corrupción. Más bien es la ausencia de una administración pública basada en el mérito y de una función pública independiente, estable y profesional, lo que genera el nepotismo y el ambiente de venalidad, con sus efectos de resentimiento social. La oposición no escapa a la sindicación de repartir contratos y puestos, aunque todavía se esperan las pruebas para judicializar a los responsables.

Vendrán mayores escándalos. Con fortuna, el arrepentido ex superintendente de Notariado Cuello Baute parece querer ayudar a despejar la verdad sobre la primera reelección. El Gobierno pidió que lo juzgaran por sus resultados. Debemos ser justos. Además de guerrilla, paramilitares de nueva generación, grave crisis económica, déficit fiscal, deterioro de las relaciones internacionales y entrega de los recursos naturales a empresas multinacionales o de bases militares a gobiernos extranjeros, gozamos de una rampante corrupción, fruto de la cultura política del avivato. Pero no por mucho tiempo, gracias a periodistas independientes, a magistrados honestos y a la decidida movilización social. La corrupción disfrazada de abnegación no prevalecerá y, más temprano que tarde, será castigada en las urnas.

 

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