Por: Cecilia Orozco Tascón

Corrupción y ¿confabulación?

Un lado aún más fangoso del escándalo por la corrupción con los contratos y el tráfico de influencias y favores en el Ejército es el que también asoma su existencia en las grabaciones de Semana, no analizadas suficientemente todavía, y en otras publicadas por Noticias Uno en los últimos meses del año pasado.

Ese segundo lado develaría una trama criminal que se habría organizado con la participación de altos representantes del Estado para impedir que las ejecuciones extrajudiciales de campesinos y pobres de las ciudades —cometidas por uniformados ansiosos de aparentar que le propinaban bajas a la guerrilla— sean procesadas por fiscales y jueces en el marco de la ley en vez del de la solidaridad de cuerpo. A la hora en que se escribe esta columna, el Gobierno anuncia que el comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, fue llamado a calificar servicios como debió serlo desde el primer minuto, para resguardar la legitimidad de la Nación.

En efecto, su conversación con el tenebroso coronel González no sólo revela la tendencia antidemocrática que lo guía, sino su desprecio por la vida de los asesinados y sus familias. El diálogo ya divulgado entre ellos dos no necesita mayor explicación:

González: el testigo que había colocado (sic) el fiscal en contra mía, resultó denunciándolo.

Barrero: Oiga, lo felicito hermano. Y ¿el ‘man’, denunció al fiscal o qué?

G: Sí, le abrieron investigación.

B: Bueno, ahí le toca pegarse a usted de todo, hermano. Aprovechen y únanse, hijueputa… yo no lo puedo hacer pero ustedes sí… hagan una mafia para denunciar fiscales...

Dicho y hecho. Noticias Uno reveló en octubre pasado el contenido de las llamadas entre el protagonista del embrollo delictivo Róbinson González del Río y el oscuro magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga. Sus charlas de cómplices se centraban en la forma como el togado le daría vuelta al expediente de González, juzgado por dos asesinatos a sangre fría, para que su caso pasara a la justicia militar. Revisada una de sus conversaciones, se encuentra el hilo conductor con la que transcribí arriba, entre el mismo González y su comandante, general Leonardo Barrero:

G: … lo otro, doctor: hay que tener en cuenta que esos ‘manes’ están buscando el traslado.

Villarraga: Pero eso hablémoslo mañana. Yo de pronto me hago una pasadita... y usted, tranquilito.

G: Sí, confiando en Dios. (Esperando a) que se dé esa audiencia porque el tipo (fiscal) tiene otra programada p’al 20. Pero ya como está investigado, lo vamos a recusar.

V: Ajá, ah bueno.

El objetivo de obligar al cambio de fiscal de González se había cumplido tras lograr —¿con plata desviada de los contratos?— que un testigo de la Fiscalía se volteara y denunciara al investigador en vez de declarar contra el investigado. Quedó para la historia la evidencia de las palabras de González, Barrero y Villarraga, dos militares, un togado. Lo verdaderamente grave, sin embargo, es que todos sabemos que el general Barrero no es el único de la jerarquía militar que piensa como él lo expresó. Y conocemos de sobra que la posición de Villarraga no es la excepción en los tribunales. Hay muchos jueces dispuestos a apoyar los delitos militares, porque les parecen excusables. Nadie ignora que un buen número de magistrados de las cortes está directamente comprometido con las armas y sus hombres, hasta el punto de servirles a ellos más que a su juramento de abogados. ¿Hasta dónde llegará esta confabulación para evitar que se sepa una verdad vergonzosa para la Nación como lo fueron los asesinatos de civiles desarmados?

 

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