Por: Rodolfo Arango

Corrupción y desprecio social

LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN nos acechan a nivel local y nacional.

Pocas veces en la historia reciente nos habíamos enfrentado a la magnitud de la actual corrupción. Mucho se ha hablado y escrito sobre el fenómeno. Unos atribuyen su aumento al mal diseño de la reelección o del financiamiento de las campañas políticas. Otros ven en el poder disolvente del narcotráfico su causa principal. Los más conservadores culpan al relajamiento de los deberes morales. Los menos, por fortuna, pretenden enfrentarla con aumento de penas o la creación de nuevos delitos. La corrupción no deja a salvo a los partidos políticos.  Incluso el Polo Democrático Alternativo ha caído en desgracia por cuenta de la ambición política y del abuso de la función pública y está obligado a rectificar su rumbo.

Una mirada a los sujetos de grandes escándalos, desde los altos agentes del DAS, el alcalde Samuel  Moreno hasta funcionarios del IDU, pasando por los hermanos Nule, añade otra arista a la explicación del preocupante fenómeno. Detrás de todos los desmanes con funciones y dineros públicos hay un denominador común: el desprecio de los infractores por su comunidad política. Cuando las personas anteponen la voluntad particular al respeto a la ley, revelan su desestimación por la comunidad en la que viven. Poco les importa el reconocimiento como miembros plenos del cuerpo social. Ese menosprecio hacia su comunidad no es algo atribuible meramente a los corruptos o al ambiente familiar en que se han formado. Sin justificar o exculpar las acciones ilegales, lo cierto es que el problema de la corrupción trasciende a los sujetos que la encarnan en la práctica. Es mero síntoma de una enfermedad mayor: la de una comunidad susceptible de desprecio.

¿Qué lleva a un pueblo constituido políticamente a convertirse en objeto de desapego por actores sin barreras morales o jurídicas? Pese a no existir una relación de causalidad entre inequidad social y corrupción, es posible sostener que la primera incentiva la segunda. Cuando pocos gozan de los privilegios y concentran las escasas oportunidades, grande es la sensación de exclusión como grande el desdén hacia las instituciones comunes. Quienes desean acceder prontamente al club de los influyentes, pocas veces escatiman en los medios; quieren llegar al poder para aprovechar su “cuarto de hora”. Poderosos con temor a perder sus privilegios osan incluso aliarse con criminales en su camino de asenso social. Hasta la dignidad familiar termina negociada con tal de mantener las prerrogativas del pasado. Atrás quedan los méritos, la consagración y la disciplina, virtudes altamente apreciadas por pueblos con capacidad de grabar su huella en la historia.

No resulta difícil saber cuál sea el antídoto al mal de la corrupción si se la asocia con la desigualdad social. Salud y educación gratuitas y de calidad para todos, que generen sentimientos de gratitud y reciprocidad, podrían ser medidas oportunas en el país más inequitativo de Latinoamérica. Cuando estos servicios públicos tan valiosos para la estabilidad democrática y para el bienestar social se dejan en manos de particulares, en un contexto de ausencia o insuficiencia de control estatal, los resultados son previsibles. No debiéramos, para combatir la corrupción, caer en lugares comunes como aumentar el pie de fuerza, el número de cárceles o las sanciones penales. Mejores resultados cosecharíamos educando los sentimientos morales de los ciudadanos en un ambiente de equidad económica y solidaridad social.

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