Por: Juan Carlos Gómez

Corte celular

Hace cuatro meses se estremeció la industria de las telecomunicaciones, pues revivió el monstruo de la reversión.

En 1994, en los primeros contratos de concesión del servicio de telefonía móvil celular (TMC), se pactó que “Al finalizar el término de la concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasan a ser propiedad de la Nación”.

De esa forma se extendió a ese servicio una disposición del estatuto de contratación que estaba concebida mejor para otro tipo de contratos —como el de obra pública—; nunca ha debido aplicarse para imponer la reversión en la concesión de los servicios de telecomunicaciones. Fue una ligereza del legislador y del gobierno de entonces; de nada le sirve al Estado quedarse con las redes y otros bienes de los operadores.

Posteriormente, gracias al “articulito” de una ley de 1998, redactado como para pasar de agache, todos suponían que los operadores de TMC 1994 se habían liberado de esa obligación de reversión. Estaban pues tranquilos Claro y Movistar. En 2014, cuando terminaran sus contratos, no tendrían que devolver la red y los demás elementos con los que prestan el servicio.

La fiesta se dañó con una sentencia de agosto pasado proferida por la Corte Constitucional, en la que se declaró que, a pesar del “articulito” al que nos referimos, se deben respetar las cláusulas de reversión acordadas. Como consecuencia de ello, Claro y Movistar tendrían que devolver el año entrante esos bienes que, de acuerdo con la citada sentencia, nunca habrían dejado de pertenecer a la Nación.

De la decisión de la Corte apenas se conoce un comunicado, pues todavía no se ha publicado la sentencia. En todo caso, cuando se conozca nada va a cambiar en el fondo: la reversión puede ser como un huracán que pasa una vez y deja efectos devastadores.

El éxito de las subastas de espectro, las fusiones de compañías y la venta de acciones por cientos de miles de millones de pesos que se anunciaron la semana pasada demuestran la pujanza de la industria de las telecomunicaciones. No hay derecho entonces a que el marco normativo del sector navegue en ese mar de incertidumbre.

 

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