Por: Yesid Reyes Alvarado

Corte Constitucional y “fast track”

Mientras no se conozca el texto de la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el procedimiento legislativo especial para la paz, es difícil tomar una postura jurídica frente a la misma. Por lo pronto, me quedan una inquietud puramente intelectual y otra con implicaciones prácticas.

En cuanto a la primera: si es contraria a la Constitución una norma que le prohíbe al Congreso hacer modificaciones a un proyecto de ley salvo que ellas tengan el aval del Gobierno, ¿entonces son inconstitucionales los artículos 150 (numerales 14 y 16), 341, 349 y 351 de la propia Carta que establecen idéntica limitación en lo atinente a las leyes de presupuesto nacional, plan de desarrollo o aprobatorias de tratados internacionales?

Al anunciar su decisión, la Corte explicó este tratamiento diferencial con dos argumentos: uno, las normas citadas en el párrafo anterior están previstas desde la redacción originaria de la la Carta mientras el Acto Legislativo es posterior; dos, a diferencia de la declarada inexequible, esas normas originales se refieren a materias claramente circunscritas. Soy consciente de que en un comunicado de prensa no se puede desarrollar una argumentación compleja y por eso es preferible esperar el texto de la sentencia para formarse una opinión más completa; pero en principio no veo cómo el aspecto puramente temporal puede impactar la constitucionalidad de una norma sustancialmente idéntica, ni creo que la limitación impuesta frente a los tratados recaiga sobre una materia que de antemano esté “claramente circunscrita”, dado que ellos pueden versar sobre múltiples asuntos.

Respecto de lo operativo, mi inquietud versa sobre el literal H, porque en él no solo se exigía el aval previo para cualquier propuesta de modificación al articulado, sino que además se precisaba que tales proyectos “solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final”. ¿La eliminación de ese aparte significa que se pueden introducir cambios aun cuando estos vayan en contra de lo acordado en La Habana? Creo que no, porque el literal A del artículo 1 del mismo Acto Legislativo dice que ese procedimiento especial tiene como único propósito asegurar la implementación y desarrollo del Acuerdo de Paz, lo que desde el punto de vista lógico y jurídico hace inconcebible la expedición de normas que lo contradigan; ese deber de coherencia ha sido reconocido de manera reiterada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a decretos legislativos y reglamentarios.

En su comunicado la Corte dice que el Gobierno conserva la posibilidad de objetar las alteraciones introducidas al texto legal, como un mecanismo que le permite al Ejecutivo “ejercer sus competencias para preservar la fidelidad del Acuerdo”. De esta frase entiendo que las variaciones que se sugieran en el Congreso no pueden contravenir lo pactado en La Habana; pero como se escuchan voces que sugieren lo contrario y se trata de un aspecto que influirá en la forma de tramitar futuros proyectos de ley, convendría que la Corte lo dijera de manera expresa no solo en la sentencia, sino incluso en un comunicado previo adicional.

 

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