Por: Eduardo Sarmiento

Corte de cuentas

En los discursos del presidente de la República y el presidente del Congreso se advierte un tono diferente con contenidos similares. En ambos pronunciamientos se cuestiona el estado actual de la economía y más, se extiende a las estructuras económicas construidas en los últimos 25 años.

El deterioro de la actividad productiva viene de tiempo atrás y tiene como principal responsable a la Junta del Banco de la República, que propició la revaluación y manejó la caída de los precios del petróleo. El organismo ha mantenido la economía durante cuatro años en estancamiento. La falla no se dio de un momento a otro. Se encuentra en el modelo de autonomía del Banco de la República y austeridad fiscal, que se denomina inflación objetivo. El Banco enfrentó la caída de los precios del petróleo con un alza de la tasa de interés y luego con la reducción. El expediente es inefectivo porque la tasa de interés de referencia no tiene mayor influencia en la tasa de interés del crédito, ni en el volumen del mismo, que es lo que cuenta. Lo mismo puede decirse de la política fiscal de déficit fiscal financiado con títulos de ahorro; el aumento del déficit es contrarrestado por la reducción de la inversión.

La economía ha operado con un exceso de ahorro que no se corrige fácilmente en una economía mundial con tasa de interés cero. La productividad del trabajo dejó de ser el motor que impulsa el producto nacional. Por el contrario, la producción pasó a determinar el empleo y la productividad del trabajo efectiva. Los resultados no podían ser más deplorables. La caída del crecimiento del producto nacional a la mitad durante cuatro años dio lugar a una caída igual en el empleo, que luego de crecer 2,5 % pasó a decrecer a -0,7 %, lo que en la práctica significa la destrucción del 3 % del empleo anual.

El resultado es la confluencia de la ineficacia del manejo monetario y de la deficiencia del sector externo ocasionada. El predominio de los bienes intensivos en recursos naturales, en particular el petróleo, la desprotección de la industria y los TLC han generado una balanza de pagos frágil y deficitaria. El país tiene que operar con austeridad fiscal para reducir las importaciones y disminuir el déficit en cuenta corriente. Se ha regresado a las estructuras de mediados del siglo pasado, cuando el progreso era determinado por las cuentas corrientes externas.

Las repercusiones sobre la distribución del ingreso están a la vista. Los ingresos del trabajo crecen por debajo del producto. La participación del capital en el ingreso nacional aumenta de forma sistemática y el coeficiente de Gini se mantiene entre los más altos del mundo.

La estructura descrita se acentúa por la regresividad de las transferencias fiscales, que no cumplen con los principios de justicia dictaminados en la Constitución. Las reformas tributarias se orientan a sustituir los gravámenes directos por indirectos y elevar las tarifas del trabajo con respecto al capital. En virtud de las privatizaciones, la mayor parte del gasto público se traslada a los intermediarios financieros de las pensiones, la salud y la educación. La composición del gasto replica las desigualdades de los ingresos personales. El 40 % más pobre no recibe ni el 15 % de los recaudos tributarios.

En síntesis, la economía crece a la mitad de la tendencia histórica, el desempleo regresó a los dos dígitos, la ocupación decrece y el país se encuentra entre las naciones más inequitativas del mundo. El primer paso para superar estas condiciones es reconocerlas. La recuperación rápida de la producción y el empleo y la mejora sustancial de la distribución del ingreso requieren cambios estructurales de fondo en el modelo imperante de los últimos 25 años.

 

 

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