Por: Andreas Forer

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistías o Uruguay no es sólo fútbol

Uruguay, país que últimamente ha sonado bastante en los medios de comunicación por sus triunfos deportivos al ocupar el cuarto lugar en el mundial de fútbol de Sudáfrica y ganar la última versión de la Copa América, no deja de sorprender…

Durante este año, la impunidad con ocasión de las vulneraciones a los Derechos Humanos sufridas allí durante la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985, blindada por una Ley de Caducidad de 1986, según la cual no se perseguirían penalmente “los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones…”, ha sido retada por decisiones judiciales y legislativas.

El primer antecedente se da en 2009, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en un caso llamado “Nibia Sabalsagaray”, donde el tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, a pesar de que fue aprobada por un régimen democrático y ratificada o respaldada por la ciudadanía mediante decisión popular en 1989 y en 2009.

Luego, en febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado uruguayo responsable por la desaparición forzada de María García Iruretagoyena de Gelman (caso Gelman), hecho ocurrido a finales de 1976, en el contexto de la llamada “Operación Cóndor”, donde fue sistemática la práctica de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, cometidas por las fuerzas de seguridad de la dictadura.  La Corte IDH declara que la Ley de Caducidad carece de efectos jurídicos en la medida que es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y dispone que el Estado debe garantizar que dicha ley, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos.

Con ocasión de esa decisión, esta semana, el Congreso uruguayo derogó la Ley de Caducidad y así, pone fin a las amnistías y se permite juzgar los crímenes cometidos en la dictadura. Sin duda, este es un ejemplo más de la lucha contra la impunidad que avanza con firmeza en América Latina.

La pregunta es si este tipo medidas son útiles para la experiencia colombiana, que, aunque en otro contexto y con otro tipo de problemas, también tiene una larga tradición de impunidad.

A mi modo de ver, son afortunadas las decisiones que toman los países para erradicar la impunidad, como aquellas contra las amnistías en casos de graves violaciones contra los Derechos Humanos y crímenes internacionales, pero, como lo concluí en mi columna anterior, también es necesario advertir que esa figura  aún es aplicable, bajo ciertas condiciones, y para cierto tipo de conductas, en los países del sistema interamericano de Derechos Humanos.

Así, la moraleja uruguaya para el caso colombiano sería que si bien, hay que combatir las medidas que obstaculizan la investigación y sanción de crímenes graves, no se pueden dejar de lado herramientas que también pueden ser funcionales a la paz.

El debate está abierto…

En Twitter: @andreasforer

 

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