COVID-19, protección de la vida y libertades

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La pandemia del COVID-19 ha puesto a los gobiernos y a la sociedad en un escenario de elecciones trágicas. Las medidas para proteger la salud y la vida restringen libertades y producen graves afectaciones a la economía, a la educación, a la salud mental y a la cohesión social.

Hasta ahora no ha habido un modelo de respuesta a la pandemia que haya logrado conciliar todos los factores de la ecuación de manera adecuada y sostenible. Modelos que en su momento fueron considerados exitosos —Suecia o Alemania— hoy sufren la dureza de la segunda ola de contagios y se preguntan qué hicieron mal o qué dejaron de hacer para llegar a este punto en pleno invierno, con números de contagios y de muertes superiores a los de la primera ola. Los modelos asiáticos —Japón, Corea del Sur, China— parecen haber encontrado cierto grado de control con un gran sacrificio de las libertades individuales, un punto muy problemático en sociedades democráticas.

A medida que el virus se sigue reproduciendo, mutando y acelerando su contagio, es necesario pensar ya no en el día a día —como parecen estar pensando los gobernantes en Colombia—, sino en una perspectiva al menos de mediano plazo, porque todo indica que hasta que no se consoliden los distintos planes de vacunación y la eficacia de la vacuna, el mundo vivirá al borde de una contingencia sanitaria.

Una de las tensiones más fuertes que se han presentado es la que existe entre la protección a la salud y a la vida sacrificando libertades, un expediente con el cual las autoridades colombianas se han tomado confianza, por ser más fácil decretar sin controles judiciales, políticos y judiciales que lo impidan. Cuarentenas, toques de queda, pico y cédula, pico y género, cierres de municipios y de localidades y comparendos son solo algunas de las medidas que se adoptan ante la pasividad de los ciudadanos, quienes observamos con perplejidad y desconsuelo que esa parece ser la única estrategia, la de la prohibición, renunciando a la pedagogía y a los incentivos. El segundo pico producto de las aglomeraciones y reuniones de diciembre y fin de año también es un fracaso de los gobiernos al no haber podido comunicar la idea del autocuidado y la responsabilidad como la principal variable para reducir la velocidad de contagio, que se suma a la de rastreo y aislamiento como filtros para impedir el colapso del sistema de salud.

El pensamiento liberal se planteó este dilema para llamar la atención sobre los límites del Estado en materia de restricción a la libertad. John Stuart Mill argumentó que las restricciones a la libertad —valiosa en una sociedad democrática— deben ser mínimas y con una muy buena justificación. La pandemia del COVID-19 ha relajado esta norma pues del otro lado siempre está la justificación de la protección de la salud y la vida, lo cual se entiende como una elección razonable de los gobiernos.

El pensamiento libertario —una caricatura del pensamiento liberal— se aferra a esta idea y señala que ya basta de restricciones, que cada quien se defienda como pueda y que nadie está moralmente obligado a cuidarse si no lo desea. En un libro formidable, Daniel Loewe (Ética y coronavirus, FCE, 2020) discute todas la variables alrededor de esta tensión, y nos recuerda que Mill contemplaba una excepción, el llamado principio del daño, que supone que es legítima una restricción a la libertad individual —aun en contra de la voluntad de una persona— para prevenir el daño a los demás, que es lo que estaría en la base de la justificación de las cuarentenas y otras restricciones a la movilidad.

Pero es necesario agregar que estas medidas se deben dar en el contexto de un Estado de derecho, donde hay reglas y las medidas restrictivas de la libertad tienen que ser no solo legítimas sino también necesarias —lo cual hay que demostrar con evidencia científica—, proporcionales y transitorias, con la complicación de que el virus no tiene carácter transitorio.

Para impedir el uso y el abuso de estas medidas se necesita un estatuto de excepción para el manejo de pandemias, porque la regulación de los estados de excepción de la Constitución de 1991 es insuficiente, tarea que corresponde al Congreso de la República. Mientras ello sucede, ojalá la Corte Constitucional y el Consejo de Estado fijen jurisprudencia que sirva de referencia para la gestión de la pandemia sin graves afectaciones a la libertad y a otros derechos. Hasta ahora, por diversas razones han eludido esa responsabilidad.

Este tema es necesario resolverlo cuanto antes para evitar que los gobiernos se acostumbren a los poderes de excepción, lo que sería otra terrible secuela que nos deja esta pandemia.

¡Feliz y saludable 2021!

@cuervoji

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