Por: Alberto Carrasquilla

Cráter Mínimo

 Para evaluar con alguna seriedad la relación entre el salario mínimo legal y sus loables objetivos, es necesario complementar la discusión filosófica predominante, con las cifras que arroja nuestro mercado laboral.

En los últimos meses han aparecido varios trabajos que informan y enriquecen notablemente el debate en Colombia. Primero, el de H. López y F. Lasso, que utiliza las encuestas de hogares recogidas por el DANE en las siete principales ciudades del país durante el período 1984-2006, y muestra, entre otras cosas, lo siguiente:

• El 30% de la población empleada en Colombia devenga menos del 95% de un salario mínimo legal y el peso de este grupo poblacional en el total es ascendente. Esto es altísimo, incluso para los elevados patrones latinoamericanos..

• Solo el 5.9% de la población empleada devenga exactamente un salario mínimo legal y la tendencia es descendente.
 
• El aporte de los trabajadores remunerados con el mínimo legal o más a la masa total de ingresos de los hogares colombianos es baja y ha caído en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, ha subido el aporte de quienes devengan menos de un salario mínimo legal.

Segundo, Mondragón, Peña y Wills, en un cuidadoso estudio sobre los determinantes de la elevada y creciente informalidad del mercado laboral colombiano, concluyen entre muchas otras cosas, que la elevada relación entre el salario mínimo legal y el salario medio observado es explica en grado muy importante la alta incidencia del flagelo de la informalidad en este país.

Podemos concluir, sin lugar a dudas, que la tendencia fuertemente ascendente del salario mínimo en 1999-2006 no nos acercó, como sociedad, a la tierra prometida de la dignidad laboral. Tampoco ha sido un factor que haya aportado un miligramo a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable del país. Al contrario, quitándole la posibilidad de un trabajo formal a millones de colombianos, el aumento sustancial que ha tenido el salario mínimo ha implicado un pronunciado deterioro en ambos frentes.

Esta barrera a la formalidad es, después de Nicaragua, la más infranqueable de América Latina: solo allá observamos un mayor porcentaje de población empleada con ingresos por debajo del salario mínimo legal. La segunda barrera que le hemos puesto a la formalidad, por si la primera no bastara, está constituida por los múltiples y muy onerosos impuestos que cobijan al trabajo formal en Colombia.  Un empleador que contrata un trabajador en este país tiene que cancelar o apropiar gastos adicionales al salario pactado, equivalentes a más del 50% del mismo.

Entre el salario mínimo legal que se decreta cada año y el salario efectivamente percibido por una masa enorme y creciente de trabajadores colombianos, hay pues una brecha creciente, hoy tan enorme que ya parece un cráter. Es muy difícil entender como un país orgulloso de ser tan de vanguardia en materia constitucional y dotado de un establecimiento intelectual, político y judicial tan defensor de la justicia social tolere, sin mayor discusión, la presencia y la incesante expansión de este cráter.

Repugna, desde luego, que tantas familias colombianas vivan con ingresos tan precarios. Esta realidad, inaceptable en una sociedad moderna, no se solventa, como parecen creer tantos progresistas, a punta de decretos, normas y sentencias. Se solventa, primero y ante todo, con crecimiento económico y pocas cosas son más adversas al crecimiento económico que condenar, ahí si por decreto, a millones de personas a trabajos de baja o nula productividad, cuando no al desempleo.

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