Por: Yesid Reyes Alvarado

Creación versus aplicación de normas

Un muy antiguo postulado de política criminal enseña que no es la magnitud del castigo lo que puede persuadir al ciudadano a cumplir la norma, sino la certeza de su aplicación.

 No sé si nuestros legisladores y gobernantes lo han olvidado por ser tan viejo, o nunca lo han conocido o, peor aún, son conscientes de que es más simple redactar normas que hacerlas cumplir.

Frente a la polémica sobre el tratamiento punitivo que se da a los conductores que en estado de ebriedad causan lesiones o muertes, el alto consejero para la Seguridad Ciudadana ha propuesto como novedoso mecanismo para solucionar esos problemas la creación de algunos delitos y más años de cárcel para otros. El planteamiento tiene la ventaja de que es de fácil elaboración; una rápida revisión a la legislación extranjera (la española, por ejemplo) permite importar la figura de la conducción temeraria; con un poco de imaginación y mucho de repentismo se señala que esos homicidios imprudentes tendrán penas mínimas de prisión de 17 años (el doble de lo que recibirán los cabecillas de grupos paramilitares) y se sugiere la necesidad de incrementar las sanciones administrativas para quienes incumplan ciertas normas de tránsito.

Aun cuando estos anuncios suelen tener repercusión favorable en la opinión pública porque dejan la sensación de que el problema va a ser enfrentado, lo cierto es que su efectividad depende de que las ofrecidas modificaciones legales se cumplan de manera estricta y oportuna. Anunciar que se reprimirá a quienes excedan los límites de velocidad, se salten los semáforos en rojo, conduzcan en contravía o invadan aceras, no es ninguna novedad; todas esas conductas están desde hace muchos años contempladas en el Código Nacional de Tránsito como infracciones. El alto consejero parece asumir que los ciudadanos no son respetuosos porque las cuantías de los comparendos son tan reducidas que no los motivan a un comportamiento correcto; eso es lo que explicaría que su propuesta consista básicamente en incrementar esos montos, sobre el supuesto de que los nuevos sí podrían motivar un cambio de actitud de los ciudadanos.

Creo que se está partiendo de una premisa incorrecta. En una investigación realizada en 2009 por el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana de la Universidad de los Andes, se estableció que en cinco puntos concretos de Bogotá analizados, sólo se impusieron comparendos a aproximadamente el dos por ciento de quienes cometieron infracciones de tráfico. Pero además, no es infrecuente observar en la prensa noticias que dan cuenta de conductores involucrados en accidentes, a quienes les figuran millonarias deudas por multas no pagadas o que incluso tienen suspendida su licencia de conducción. Datos como estos muestran no sólo que la probabilidad de que alguien sea sancionado por contravenir disposiciones de tránsito es muy baja, sino que incluso quienes lo son suelen evadir su cumplimiento.

Antes de seguir ensayando la antigua tesis de que creando normas e incrementando penas se corrigen las conductas sociales desviadas, debería echarse mano de una idea aún más vieja: la de hacer cumplir las leyes existentes.

 

 

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