Crear conflictos

Según informaciones de prensa el gobierno nacional demandará todo acuerdo municipal que prohíba la minería. Es el caso de los municipios de Támesis y Jericó, pero también puede ser el de otros que han realizado recientemente consultas populares. Aunque son situaciones distintas, ambas generan conflictos y ese no es el papel de las autoridades.

El gobierno tiene razón en acudir a los jueces para impedir que un municipio, de buenas a primeras, prohíba una actividad económica permitida por la Constitución. Cualquiera que sea: minería, ganadería, comercio, transporte. De seguro, la demanda prospera. Sin embargo se equivoca de plano si hace lo mismo para resolver problemas que no son jurídicos sino políticos, como los que giran en torno a las consultas populares. A todo parecer se están improvisando decisiones que exigen cuidadosa reflexión.

En Colombia ningún Concejo tiene capacidad para impedir que en su municipio se desarrolle la actividad minera. Pero, de la misma manera, ningún juez puede evitar que se consulte la opinión de una comunidad sobre un proyecto minero concreto que incida sobre la vida local. Por eso la redacción de la pregunta respectiva es clave y exige riguroso control de constitucionalidad. La Carta permite y autoriza la participación de la gente en la toma de las decisiones que la afecten. Y la ley dice que el resultado de la consulta popular es obligatorio.

Lo que debe hacer un gobierno nacional preocupado por resolver tensiones en lugar de crearlas, es modificar su estrategia de relacionamiento con los entes territoriales para ajustarla a las normas constitucionales del 91 y garantizar la gobernanza territorial y la democracia local. No es con demandas sino con diálogo como se mantiene o se restablece la confianza de las relaciones intergubernamentales.

Las discusiones del gobierno nacional con los gobiernos locales hacen parte de una tensión, apenas lógica, entre unidad política y autonomía territorial, que se supera en la conjunción equilibrada de los dos principios, según lo ordena la Carta. Ni siquiera la ley puede prohibir que el municipio reglamente los usos del suelo y dicte normas para la preservación de su patrimonio ecológico y cultural. Y como nación, departamentos y  municipios son el Estado, los tres comparten la propiedad del subsuelo.

El problema es la ausencia de espacios y fórmulas para la concertación. Sin ellos la solución queda en manos del más fuerte y eso, naturalmente, genera conflictos. Por lo mismo es preciso buscar la concertación si no se quiere empujar a las comunidades hacia la protesta o hacia la marginalidad. Las consultas populares, los cabildos abiertos, la iniciativa normativa no son un problema sino una respuesta para manifestar, de manera legal y pacífica, la voluntad ciudadana. Ni más faltaba que, ahora, las expresiones electorales se conviertan en un problema para la democracia.

En síntesis, los municipios no pueden prohibir, en su territorio, ninguna actividad autorizada por la Constitución, y la minería lo está. Pero las consultas populares también. Por eso este debate no se resuelve con demandas. La respuesta es presentar al Congreso un proyecto de ley que defina los términos de una concertación entre la nación y las entidades territoriales, de acuerdo con los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Lo demás es, literalmente, crear conflictos.

*Exsenador, profesor universitario. @inefable1