Crecimiento y equidad

A raíz de los últimos paros y manifestaciones populares en todo el país, el Gobierno Nacional ha convocado a una conversación nacional sobre seis temas. El último se refiere a crecimiento y equidad, objetivos por demás deseables.

Varias preguntas surgen al respecto: ¿es posible lograr crecimiento y equidad en forma simultánea? En todo caso, ¿cómo se pueden lograr ambos objetivos?

Para lograr crecimiento elevado, sostenido y sostenible, a tasas que se asemejen a las asiáticas, no a las mediocres comunes en toda América Latina del orden de 3%, se requieren tasas elevadas de ahorro e inversión, como las asiáticas, del orden de 40-50% del PIB, para que así la capacidad de producción pueda aumentar en forma acelerada y, por lo tanto, crezca así también la producción de bienes y servicios. Además, si se quiere que sea sostenido, esa acumulación no debe sufrir interrupciones durante años.

Si se plantea que sea sostenible, tiene que hacerse construyendo simultáneamente otra matriz energética, que supere la dependencia de combustible fósiles, es decir, de carbón y petróleo, lo que implica abandonar, por ejemplo, la pretensión de lograr más reservas petroleras vía fracking o cualquier otro método.

La pregunta es cómo lograr esas tasas elevadas de ahorro e inversión y, al mismo tiempo, que induzcan una mejora notable en la distribución del ingreso. Ello tiene que ver con dos temas: empleo y financiamiento; mejor dicho, en qué se invierte y cóvmo se financia.

Parece obvio que para mejorar la distribución del ingreso lo que se requiere es, en primer lugar, que el crecimiento elevado de la producción implique ocupación generalizada para superar tasas de desempleo y subempleo como las actuales, del orden d  e 11% y 27% de la población económicamente activa, respectivamente. En otras palabras, la inversión debe orientarse hacia sectores intensivos en la generación de ocupación: en términos tradicionales, manufacturas, agricultura, agroindustria y turismo, y los servicios de comercialización, comunicación, construcción y transporte vinculados a los anteriores.

En una economía de mercado, lograr lo anterior exige una estructura de precios y de rentabilidades que favorezca a los primeros de dichos sectores. La estructura de precios es inducida por las políticas monetaria, cambiaria, tributaria, del gasto público, y regulatoria. En este último caso, por ejemplo, la regulación debería incentivar la competencia en los mercados de crédito para reducir la tasa de interés crediticia a niveles internacionales, para mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas; las utilidades en dichos sectores debería ser la principal fuente de ahorro de la economía.

Implica, a su vez, la construcción de la infraestructura que facilite el desarrollo de sus mercados: si no hay carreteras, puertos o aeropuertos no puede esperarse que se desarrolle la agricultura, se desplace la producción manufacturera y se multipliquen las exportaciones.

Pero no es a través de las llamadas alianza públicas como deben lograrse esas infraestructuras. Lo que hacen estas alianzas es distraer los recursos privados que deberían estar invirtiéndose en esos sectores, para invertirlos en la infraestructura que debería, por su naturaleza, estar construyendo el sector público.

Lo que lleva a un tema fundamental: la cuestión tributaria. Resulta obvio que para aumentar significativamente la inversión pública la recaudación tributaria debe aumentar en forma paralela, por ejemplo, a la tasa promedio de la OCDE de 34,2% del PIB, muy superior a la tasa colombiana de 18,8%.

Y para que genere equidad debe hacerse como en el mundo desarrollado: a partir de impuestos proporcionalmente crecientes a los ingresos y patrimonios de las personas naturales y no de sus empresas, ni del consumo de las personas naturales. Es decir, la composición de los ingresos tributarios debe pasar de los impuestos indirectos a los directos, sin exenciones.

Conduce también a la cuestión de las pensiones, una de las principales fuentes de ahorro de la sociedad. El esquema actual pretende que las pensiones futuras se logren a partir del ahorro individual. Pero sea por excesos en las comisiones cobradas por las administradoras actuales o por falta de ahorro individual, las pensiones resultantes están convirtiendo a miembros de la clase media en pobres de la noche a la mañana; lo que implica un enorme problema de inequidad, aunque sirva para financiar el crecimiento a través del mercado de capitales. Las pensiones deberían acercarse a los últimos salarios recibidos, lo que implica que su organización debería basarse en la solidaridad: los entrantes al sistema financiando a los salientes, como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, incluso cuando era familiar y luego cuando era estatal. Lo que plantea un problema de gobernanza para asegurar que los ahorros acumulados en forma transitoria se orienten a financiar el desarrollo en beneficio de la sociedad y no de unos pocos.

* Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, departamento de Economía.