Crimen organizado

Si algo nos muestra la historia reciente es que el crimen organizado tiene una capacidad envidiable de resiliencia que, como regla general, le permite sobreaguar y hasta prosperar en momentos de crisis. De allí que no debe sorprender que la afectación de las actividades criminales se haya vuelto tema de debate y especulación.

Entre los factores que suscitan mayor preocupación en regiones como América Latina destaca que la ausencia del Estado, en la coyuntura actual, puede abrir más horizontes de gobernanza para aquellos actores que ejercen funciones estatales de facto, incluyendo el control territorial, el mantenimiento del orden, la administración de la justicia y el cobro de “impuestos”. Desde la imposición forzosa de cuarentenas, toques de queda y ceses al fuego, hasta la suspensión temporal de los pagos extorsivos, la repartición de alimentos, jabón, desinfectante y tapabocas, y la enseñanza sobre medidas apropiadas de higiene demuestran que en muchas zonas los gobiernos locales y nacionales están siendo eclipsados en eficiencia y capacidad de respuesta.

Además de la expansión de la gobernanza criminal, el crimen organizado ha aprovechado las nuevas condiciones generadas por la pandemia para expandir sus portafolios ilegales. Entre aquellas, el uso creciente del internet en la cotidianidad y la escasez de ciertos bienes han llevado a una explosión de varias modalidades de cibercrimen y del mercado negro de medicamentos y equipos médicos.

La reducción significativa de algunos indicadores de violencia, sobre todo homicidios y robos, que se ha reportado en muchas partes del mundo, ha sido registrada como un efecto colateral positivo del confinamiento. Sin embargo, otras formas de crimen, como los asesinatos selectivos de defensores de los derechos humanos y líderes sociales en Colombia, y el feminicidio (por no mencionar la violencia doméstica), se han visto potenciadas por el mismo encierro.

En lo que concierne al narcotráfico, la suposición de que se ha visto tan fuertemente impactado como el resto de la economía mundial desconoce su mayor adaptabilidad. Si bien la interrupción del transporte aéreo, el cierre de fronteras terrestres y el freno a la libre circulación de personas y bienes puede afectar toda cadena productiva y distributiva de forma similar, decomisos recientes en Colombia y la frontera entre México y Estados Unidos sugieren que el flujo de drogas ilícitas sigue igual. Ello se debe al uso creciente de vías alternativas como túneles, drones y submarinos semisumergibles, a que tal vez las grandes organizaciones criminales tengan un stock almacenado de drogas y precursores químicos, y al procesamiento aparentemente ininterrumpido de cultivos de amapola y coca, y producción de sintéticos como metanfetamina y fentanilo. Incluso, el aumento de precios de algunas sustancias en las calles estadounidenses, más que una reacción del mercado a una supuesta escasez, parece ser una estrategia intencional de los carteles mexicanos por asegurar ganancias en tiempos inciertos.

Aunque tan pocos meses son insuficientes para hacer dictámenes certeros, de lo que no cabe duda es de que el crimen organizado encontrará, como lo ha hecho una y otra vez, oportunidades para innovar y adaptarse. Lamentablemente, también es de esperar que problemas como la ineficiencia estatal, la pobreza, la desigualdad y el desempleo crezcan en el futuro inmediato, ofreciéndole un caldo de cultivo perfecto para echar más raíces y crecer.

 

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