Crisis climática y compromisos del país con la ONU

Colombia formalizó ante Naciones Unidas (29 de diciembre de 2020) lo que el presidente Duque había anunciado el 12 de diciembre de 2020. El compromiso de reducción del 51 % en las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) a 2030 es algo ajeno, de “otro planeta”, para la mayoría de los colombianos. Según muchos de quienes se interesan en el cambio climático, parece una cifra desconcertante, sacada del cubilete del presidente, sin sentido ni contenido. La realidad es distinta, pues el anuncio de Duque tiene un documento que lo respalda y es un compromiso internacional que nos vincula a todos.

El informe “Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia” (NDC por su sigla en inglés) está muy bien elaborado y contiene más de 60 medidas necesarias de adaptación y mitigación en la lucha contra el cambio climático, pero es flojo e impreciso en presupuesto y fuentes de financiación. Se puede consultar en la página de Naciones Unidas.

Este documento incorpora compromisos para la disminución en la emisión de GEI, una estrategia nacional de adaptación al cambio climático y mecanismos para un desarrollo bajo en carbono y resiliente frente al cambio climático. También se compromete a gestionar una reactivación económica pospandemia que incorpore acciones que aporten al cumplimiento de la NDC. Significa un fuerte y costoso ajuste para muchos sectores productivos y fue aprobado por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, conformada por el DNP y siete ministerios: Ambiente, Hacienda, Interior, Agricultura, Minas y Energía, Transporte y Relaciones Exteriores.

El compromiso, bastante completo en las obligaciones que se contraen, tiene tres deficiencias que hay que superar: 1) No presenta los requerimientos técnicos y financieros de la institucionalidad ambiental y sectorial necesarios para alcanzar la meta. 2) No incluye acuerdos con los sectores que deben transformarse. 3) La estimación de costos y fuentes de financiación es incipiente.

Cumplir el objetivo exige profundos ajustes en planificación económica, social y ambiental, generación y transferencia de conocimiento y tecnologías, y asignación de recursos financieros. Esto requiere una institucionalidad ambiental transversal y de mayor jerarquía, y demanda reestructurar el DNP, ministerios y las CAR para que la sostenibilidad y el cambio climático sean el eje de las propuestas en los planes de desarrollo de los próximos gobiernos. Es urgente establecer acuerdos con los gremios y sectores productivos que incluyan acciones concretas, con fechas y financiación para la reconversión productiva. Como ejemplo, en el sector agropecuario, para transformar el 20 % de la ganadería a sistemas silvopastoriles y el 50 % de los cultivos de café sin árboles a café con sombra, se requieren cientos de millones de dólares, convencimiento, compromiso y gestión de un amplio número de productores.

Respecto a los costos y fuentes de financiación, el documento dice que están en proceso de cuantificación e identificación. En el primer semestre del 2021 el Gobierno debe presentar esta información.

Gobierno, empresarios y sociedad civil debemos comprometernos con la reducción de emisiones GEI. La financiación es indispensable para avanzar en el propósito, apoyar las acciones y alcanzar un resultado por el que todos, sin distinción de partido o ideología política, debemos trabajar. Si no hay financiación, quedaremos como un país ilustrado que genera buenos documentos y hace promesas oportunas pero imposibles de cumplir. La NDC sería un saludo a la bandera.