Crisis fiscal en los departamentos

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El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, transpira centralismo por todos sus poros. En medio de la pandemia que azota las finanzas públicas y privadas, ha decidido fortalecer las del Gobierno nacional a costa de los departamentos y municipios del país. Asimismo, ha preferido auxiliar a las empresas privadas mediante subsidios directos que ayudar a los entes públicos regionales.

Los gobernadores y alcaldes tienen la delicada tarea de implementar las duras medidas que emanan del Gobierno central para que sean aceptadas por las poblaciones bajo su jurisdicción directa, a veces en medio de resistencia y desórdenes. Lo deben hacer por medio de presupuestos golpeados por la reducción de sus ingresos, a la vez que se ven obligados a gastos mayores derivados de la emergencia sanitaria. 

La reducción de los impuestos al vicio (licores, tabaco y juegos), de los que viven los departamentos, decrecientes en el largo plazo, ha sido monumental. Asimismo, se han reducido los ingresos por registro de vehículos y sobretasa a la gasolina. A los municipios se les han caído sus impuestos prediales y también los de industria y comercio. En abril, los ingresos de los departamentos colapsaron un 45 % frente a los del mismo mes de 2019, con algunos sobrepasando el 70 %; se espera que la situación empeore en mayo.

Casi la mitad de los ingresos departamentales son transferencias de la nación, que a su vez dependen de sus ingresos corrientes, los que se han deteriorado sustancialmente. Para rematar, las regalías por petróleo y carbón van a reducirse en un 40% por la baja en sus precios. Los departamentos, en particular, han suspendido todas sus inversiones, no tienen flujo de caja suficiente para pagar sus nóminas ni para pagar sus deudas, con lo cual se puede deteriorar su calificación crediticia.

Los recursos que ahorran los departamentos en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que alcanzaban los $2 billones, se los autoprestó el ministro de Hacienda sin consultar a los representantes de sus propietarios. La Federación Nacional de Departamentos (FND) le ha solicitado al Gobierno que  devuelva esos recursos para contar con el financiamiento que requieren urgentemente para enfrentar los pagos de sus nóminas y acreencias, incluso algunas relacionadas con los bonos del agua que emitió el ministro cuando andaba en funciones privadas.

La FND también reclama extender el programa de apoyo al empleo formal, para subsidiar las nóminas de las empresas con el 40 % de un salario mínimo por cada trabajador, a todos los departamentos y municipios que han sufrido la reducción de sus ingresos, aún mayor que la de las empresas privadas. El recaudo de los impuestos a los sueldos de los empleados públicos de departamentos y municipios también debiera entregárselo a los que los originaron para poder remediar su desesperada situación. Solicitan además que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) les asigne recursos para adelantar directamente programas de obras públicas intensivos en empleo, como la construcción de vías terciarias, acueductos y alcantarillados.

Finalmente, la FND urge al Gobierno adelantar los trabajos de la Misión de Descentralización y la Comisión de Tributos Territoriales para fortalecer el Sistema General de Participaciones y darle un sustento serio a la autonomía regional. Los departamentos requieren un financiamiento adecuado para atender sus necesidades más sentidas.

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