Crisis y ajuste constitucional

No es cierto que la crisis que vivimos “sea política y no institucional”. Esta afirmación desconoce la dimensión de la política.

La política es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de la organización y funcionamiento del Estado y la sociedad en todos sus aspectos: económico, social, político, jurídico e ideológico. Se reduce el objeto de la política sólo a algunas materias electorales y a un segmento del funcionamiento del Congreso.

Entendiendo así la política, no vacilamos en afirmar que la crisis que padecemos es institucional, porque varias de nuestras instituciones no están funcionando correctamente. El balance de los hechos después de diecisiete años de vigencia constitucional, así lo demuestra.

Reconociendo el inmenso avance en la defensa de los derechos fundamentales de distinta generación y en la consagración de principios y valores, no es menos cierto que en la parte orgánica de la Carta Política, piedras angulares como la reforma al Congreso y la justicia, quedaron rezagadas frente a los hechos y las nuevas realidades, lo que exige un ajuste constitucional urgente e integral, sin que eso sea fetichismo, sino aceptar la necesidad imperiosa de utilizar el evolucionismo jurídico, con el fin de evitar el caos y el abrupto rompimiento de nuestro Estado de Derecho. Ese ajuste deberá respetar la orientación ideológica y filosófica de nuestra Constitución, para garantizar la coherencia y vigencia de sus principios fundantes, que eviten su desvertebramiento y posterior liquidación. Los caminos expeditos están dados por el mismo Estatuto Fundamental, que se pueden recorrer a través de un gran Acuerdo Político liderado por el señor presidente Uribe. En todo caso, para nada podrán afectarse las investigaciones penales que adelantan los fiscales y jueces en contra de los congresistas, garantizando su independencia y el debido proceso.

Un sinnúmero de falencias que adolece la justicia, tendrán que ser avocadas mediante acuerdo, con rigor y seriedad. Por ejemplo: la implementación de la carrera judicial para elegir magistrados de las altas cortes en forma total o parcial, la abolición de su ingerencia en la elaboración de ternas para la elección de funcionarios de control fiscal y disciplinario, la terminación del “choque de trenes” que violenta el ordenamiento jurídico, con ocasión de la tutela contra sentencias, la revisión de algunas funciones de la Corte Constitucional, la destinación presupuestal porcentual anual como un mínimo, etc., etc.

Con respecto al Congreso, además de los temas que se debaten en la actual reforma política, se debe revisar otras materias: la derogatoria de la función judicial del Congreso, que es fuente de impunidad en la investigación de los altos funcionarios del Estado; exigencia de calidades mínimas para ser elegido congresista; limitación a la reelección indefinida; segunda instancia y proporcionalidad en la pérdida de investidura; segunda instancia y sistema acusatorio en los procesos penales de los congresistas; abolición de la circunscripción nacional a excepción de la de minorías; creación del sistema unicameral, etc.

Ajustar las instituciones con oportunidad y eficacia no es un salto al vacío, es un compromiso y un esfuerzo por mejorar el Derecho, la Justicia, la Libertad y la Democracia. Es otra forma de combatir la violencia.

 Darío Martínez Betancourt Ex senador,Bogotá. 

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