Por: Oscar Guardiola-Rivera

Crítica de la violencia

En diciembre de 1973, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez fueron invitados a tomar parte en el segundo Tribunal Russell.

En el horizonte estaba el violento golpe en Chile del 11 de septiembre de ese año. Éste había sido liderado por quienes se beneficiaban de la integración dependiente de Chile en la economía global. Los tales se identificaban con las normas de una situación definida en términos religiosos y económicos: corporativismo cristiano, la defensa de los lazos maternales del oikos y lo patrio, ansiedad extrema frente a amenazas percibidas como catastróficas, encarnadas en la imagen del pueblo informe, manipulable por enemigos internos o externos prestos a inocular al estable cuerpo social con el cáncer de la revolución y el caos.

El Tribunal Russell fue una experiencia de activismo popular y apropiación del espacio gris entre los procedimientos judiciales y la justicia. De acuerdo con su inspirador, el pensador británico Bertrand Russell, su meta era “despertar conciencia con el fin de posibilitar la resistencia”. Aunque rigurosos al examinar los hechos, el tribunal y sus miembros jamás ocultaron su parcialidad, “ese odio intenso por el asesinato y la destrucción llevadas a cabo por un usurpador brutal con recursos tecnológicos que la otra parte no puede alcanzar”.

El primer tribunal debatió los hechos ocurridos en Vietnam. El segundo, los hechos ocurridos en Latinoamérica tras las violentas represiones acaecidas en Chile, Brasil y Colombia. Si en el primero Jean-Paul Sartre extendió los principios de Nuremberg para hablar de genocidio en casos de intervención militar, en el segundo Cortázar y García Márquez, entre otros, elaboraron dicha noción para cubrir los intentos por silenciar a quienes, como Allende y la muy variada izquierda chilena, militaban para separar desde el Gobierno la fuerza de la ley.

Antes que el hecho de la nacionalización, lo que hizo molesto el gobierno de Allende a los ojos de la élite nacional y los intereses internacionales fue su promesa de que el Estado no utilizaría la fuerza para reprimir a sectores de la sociedad movilizados en torno a justos reclamos.

Como se sabe, esa crítica de la violencia fue respondida entonces con la más brutal violencia ante la mirada impasible de un sector de la sociedad chilena. Otro tanto ha ocurrido en Colombia. Así como las Farc deben reconocer su oscuro pasado, si se quiere que los diálogos de paz lleguen a buen término, de la misma manera deberán hacerlo el Gobierno y los sectores de la sociedad que volvieron la mirada mientras la UP era masacrada, se criminalizaba la protesta social y el paramilitarismo inoculaba su cáncer en las instituciones. Difícil que ello ocurra en la mesa. Propongo la apertura de un nuevo Tribunal Russell para hacerlo posible.

 

* Óscar Guardiola-Rivera

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