¿Cuál orden y progreso?

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El gobierno Santos fue el que más avanzó en la historia reciente de Colombia en reconocerles a colombianos golpeados por las sucesivas guerras internas el derecho a sus territorios. Su gestión administrativa y legal hizo posible que las cortes les devolvieran formalmente 338.000 hectáreas de tierras despojadas a más de 45.000 beneficiarios, entre ellas, 17.000 de comunidades étnicas y afros que recuperaron 201.000 hectáreas en 13 sentencias.

Con la otra mano, como lo documentó Verdad Abierta, entregó títulos mineros en tierras colectivas despojadas, como en Timbiquí y Cocomopoca, ahondando conflictos y debilitando la protección que brindan las autoridades afro y étnicas sobre esos territorios, asediados por la minería ilegal y el narcotráfico. A la hora de decidir entre devolver tierras y reconocer inversiones de agroindustria, los gerentes de la restitución privilegiaron las segundas, como en María la Baja. Al final, negaron seis de cada diez reclamaciones, aunque muy pocas eran falsas (y denunciadas penalmente) o justificadamente inviables.

 

 

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