Por: Hernán González Rodríguez

Cualquier paz no es garantía de paz

Suelen afirmar algunos defensores de las negociaciones de paz con las Farc en La Habana que, si fracasaran estas, padecerá Colombia otros 20 años de violencia, con no menos de veinte mil muertos.

 Para ellos parece justificarse una paz a cualquier precio. Quienes se oponen a la paz del presidente Santos son unos “buitres” que tan solo tienen la guerra como negocio.

Para disentir sobre lo anterior, nada resulta más conveniente que leer el sinuoso y ambivalente acuerdo sobre la Participación Política firmado en La Habana el pasado 6 de noviembre, en el cual le abren las puertas al partido de oposición armada de las Farc en forma disfrazada.

En el documento citado reclaman hasta el cansancio los derechos y garantías para el ejercicio de una Oposición que escriben con mayúscula. Demandan garantías de seguridad para los voceros de los nuevos partidos. Proponen convocar e integrar una Comisión con representaciones amplias para que defina los lineamientos del estatuto de garantías de su Oposición. Lo convenido -concluyen en La Habana- profundiza y fortalece la democracia y hace transparentes los procesos electorales. Nada más falso, la desquicia.

Más adelante concretan perfectamente su interés prioritario en participar en la política: “con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimientos políticos”.

Tras la firma del Acuerdo Final, proponen “dejar las armas y proscribir la violencia”. Pero en declaraciones anteriores han reiterado las Farc que no las entregarán, algo bien diferente a dejarlas a la mano, mientras el Gobierno no les cumpla al pie de la letra todos los compromisos firmados. Conclusión: NO entregarán las armas ni pagarán un día de cárcel.

Y lo más azaroso: “Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante el período de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes”.

Nos creen idiotas. Cerca de la mitad de los municipios del país se consideran afectados, abandonados. Los partidos tradicionales NO podrán participar. La única fuerza con dinero, armas y capacidad para coordinar cerca de 500 municipios y para elegir representantes a la Cámara serían las Farc. ¿Cuántas curules exigirán para descuadernar el país en cuatro años y para continuar en el poder?

Cuando se integran la justicia transicional y los acuerdos anteriores, no cabe la menor duda de que no pocos colombianos preferimos algunos años más de conflicto, a cambio de no vernos gobernados por los cabecillas de las Farc. Con gobiernos clarividentes y sensatos se pacificaría el país en menos años y con menos muertos. Firmar cualquier paz no es garantía de paz.

 

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