Por: Augusto Trujillo Muñoz

Cuando la sal se corrompe…

El derrumbe de la ética es la amenaza más preocupante que se cierne sobre la sociedad colombiana. Hoy predomina la razón cínica sobre el decoro público. Después de la violencia del medio siglo XX Colombia quiso recuperar la confianza en los valores de su cultura, pero terminó prisionera de nuevas fuerzas: los ideologismos, la secularización, el bloqueo institucional. En ese complejo escenario se quebró la ética tradicional —que tenía estirpes religiosas— pero no se construyó una ética civil. El país cayó en un vacío ético que ha sido incapaz de llenar.

El pasado martes en un conversatorio organizado por la Procuraduría, en la Universidad Javeriana, algunos participantes analizaron la problemática ética de un país que decidió ignorar la necesidad de construir una ética ciudadana. Para Francisco de Roux tal circunstancia fue producto del dramático proceso que convirtió a los colombianos en víctimas de múltiples violencias, incluyendo la aparición del narcotráfico, que contaminó a casi todo el cuerpo social con una cultura de los antivalores.

Pero más grave que el proceso mismo —como lo señaló el sacerdote De Roux— fueron los relatos construidos sobre él: Son relatos polarizadores, excluyentes, impuestos desde la cúpula civil o armada y pública o privada. Pero no hubo interés por construir una ética pública sobre los referentes básicos de nuestra cultura o, si se quiere, de nuestras diversas culturas. La Constitución del 91 abrió una puerta para la reconstrucción ética, pero los gobiernos posteriores la cerraron al modificar regresivamente la Carta Política, en lugar de desarrollar cabalmente sus normas.

Hace dos semanas, en la sesión del Congreso Nacional de la Academia Colombiana de Jurisprudencia que tuvo lugar en la Universidad del Rosario, se trabajó el tema de las relaciones entre ética y corrupción. Una de las ideas centrales suponía consolidar una formación en valores y, como dijo el profesor Mauricio Plazas, volver a Kant, a Hegel, a la carta universal de los derechos humanos. Tiene razón. Pero en una sociedad como la colombiana también es preciso volver a la Escuela de Salamanca, a Francisco Suárez y a los pensadores ibéricos que, en lugar de suscribir el pensamiento de Maquiavelo, crearon una filosofía de la ley, de acuerdo con la razón y sometida a la moral.

El jurista Cesáreo Rocha, presidente de dicha academia ha sido un estudioso de las relaciones entre ética y derecho. A su juicio el instrumental para recuperar la ética está en el derecho, en el regreso a las tradiciones que crearon la cultura, las buenas costumbres, los principios supremos del Estado, la razón que fundamentó la vida en libertad y el ejercicio de la democracia. En su criterio la ética es la doctrina de las costumbres. Por eso el derecho tiene que consultar la realidad si quiere que las instituciones funcionen.

Hoy se produce un nuevo bloqueo institucional, semejante al que precipitó el proceso constituyente del 91. No se ha podido reformar la administración de justicia, ni el Congreso, ni el sistema electoral, ni el régimen territorial, porque lo impiden los propios miembros de los organismos respectivos, que son beneficiarios del régimen vigente. Por eso las reformas aprobadas son, precisamente, aquellas que se adoptan para que todo siga igual.

Aun así, los jueces se mantenían como una conciencia moral en medio del creciente mar de corrupción y deshonestidades. Por supuesto, sigue habiendo jueces idóneos, capaces, honestos, pero la descomposición ya no es producto de casos aislados. Probablemente sea oportuno aclarar a quienes alertan sobre el riesgo de que Colombia se convierta en una nueva Venezuela que el peligro es otro: se puede convertir en una especie de gran “Villa Corleone”, como la dibujada por el célebre Mario Puzo, con una subcultura mafiosa muy difícil de superar.

Por supuesto, el país necesita resembrar la ética. Debe hacerlo desde la familia y desde la primera edad escolar. Pero los altos niveles de impunidad demuestran que las instituciones no están funcionando. Ni la justicia, ni los cuerpos investigativos y de seguridad, ni los organismos de control. Ni siquiera la administración pública porque se dedicó más a la regulación que al servicio. Por eso necesita una profunda reingeniería institucional. Cuando la sal se corrompe, no queda otra vía para recuperar la esperanza.

* Exsenador, profesor universitario.

@inefable1

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