Por: Aldo Civico

Cuando la Policía Nacional actúa como un cartel del crimen

Si uno analiza los detalles del caso judicial de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, surgen ciertas preguntas obligatorias: ¿Al lado de quién está la Policía, y por extensión, el Estado? ¿Están para proteger a los ciudadanos o más bien se trata de un Estado que asesina a sus ciudadanos y actúa como un criminal?

A los 16 años, Diego Felipe Becerra, un joven inteligente y sensible, fue asesinado por el patrullero Wílmer Antonio Alarcón mientras dibujaba un grafiti. Da escalofrío leer los detalles de la necropsia. El policía le dispara por la espalda a Diego Felipe, estando a solo un metro y 30 centímetros de distancia; es una vil ejecución. El proyectil penetra la región lumbar derecha, sube, perfora el pulmón y sale por la parte posterior del hombro izquierdo. Y así Diego Felipe emitió su último suspiro.

La Policía Nacional, en lugar de colaborar con la justicia, actúa como un cartel criminal. Manipula la escena del crimen, emite una serie de declaraciones oficiales que son una cadena miserable de mentiras, mancha la honra de Diego Felipe Becerra presentándolo como un atracador y, utilizando a los abogados, intenta paralizar el camino de la justicia. Van 14 meses en los que, por trampas de los abogados, no se ha podido realizar la audiencia preparatoria.

Como un ejemplo más de la mala fe con la cual la Policía ha actuado hasta ahora, les adelanto detalles aún no conocidos. Hasta hoy se sabía que el general Francisco Patiño se reunió en el CAI del 20 de Julio, durante unos cinco minutos, con el conductor de la buseta, Jorge Narváez, y su esposa; instigados por la misma Policía, los dos denunciaron falsamente por atraco al joven. Pero ahora hay material probatorio que confirmaría que de hecho la reunión fue de por lo menos cuatro horas. Es más, fueron cuatro los altos oficiales, además de un abogado y un asesor de prensa, los que estuvieron presentes.

Además del patrullero responsable de la muerte de Diego Felipe Becerra, están en la cárcel diez personas entre tenientes, coroneles, subintendentes, patrulleros de la Policía Nacional, un abogado, el conductor y su esposa. En las próximas semanas se esperan entre ocho y diez arrestos más. Es decir, una verdadera asociación para delinquir.

Hay preguntas urgentes que claman respuestas: ¿Quién fue el general que dio la orden de la manipulación? ¿Por qué razón la Policía dio la orden de legalizar la muerte de Diego Felipe Becerra? ¿Por qué seis altos oficiales siguieron las órdenes en lugar de buscar la verdad y colaborar con la justicia? ¿Quién está pagando a los abogados que están poniendo obstáculos a la justicia? ¿Es acaso la misma Policía Nacional?

El caso requiere la atención y el pronunciamiento del presidente Santos y del ministro Pinzón. Extraña su silencio total. De hecho, sus silencios, si las tentativas de obstruir la justicia siguen, los convierten en corresponsables morales y políticos del asesinato de Diego Felipe Becerra. Eso es aún más grave si se considera que Santos y Pinzón estaban a la cabeza del Ministerio de Defensa en la época de los falsos positivos. 

 

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