Por: María Elvira Samper

¿Cuánto cuesta la violencia contra las mujeres?

En un país espasmódico como éste, que se mueve o se conmueve al ritmo de los escándalos, un problema de tanta magnitud como la violencia contra las mujeres sólo nos toca la fibra —y por tiempo corto— cuando salen a la luz casos escabrosos, como el de Rosa Elvira Cely, violada y empalada por un hombre con antecedentes de abuso sexual que la justicia había dejado libre, o como el de Jenny Losada, asesinada a machete por su esposo, y a quien de nada le sirvió denunciar los maltratos ante una comisaría de familia, o como el de Yenny Torres, violada y asesinada por un teniente del Ejército.

La semana pasada, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pusimos de nuevo el foco sobre el fenómeno —atávico y endémico— y repetimos el mismo ritual de publicar cifras: cada día 245 mujeres son víctimas de algún tipo de agresión; en el primer semestre del año, Medicina Legal registró 15.640 casos de violencia intrafamiliar, 12.048 agresiones de hombres contra sus parejas y 514 mujeres asesinadas —la mayoría por su pareja o expareja—.

Colombia —según el BID—, ocupa el segundo lugar entre los países de la región con más altos índices de violencia de género (el problema se exacerba en las regiones donde el conflicto se siente con más fuerza). La forma de violencia más extendida es la doméstica, la que se da entre las parejas en todas sus expresiones —física, psicológica, emocional, económica...—, y aunque se ha avanzado en la comprensión del fenómeno como un problema social que trasciende la esfera de lo privado, y hoy tenemos leyes  orientadas a proteger a las mujeres de la violencia y la discriminación, y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, la violencia no sólo sigue siendo el pan de cada día para miles de ellas, sino que deja un enorme número de víctimas, la mayoría entre 20 y 34 años.

Los avances son, entonces, más en el papel que en la vida real, entre otras razones porque la sociedad la tolera, porque predomina la creencia —aun entre muchas víctimas e incluso entre quienes reciben las denuncias— de que la ropa sucia se lava en casa. El 79% de los colombianos cree que la violencia doméstica es asunto privado, indica un estudio de ONU Mujeres. La impunidad, que ronda el 90% de los casos, refleja esa tolerancia y, además, refuerza la tradicional desigualdad de las mujeres.

La violencia de género es una tragedia social con consecuencias de largo alcance para las víctimas y para sus hijos —si los tienen—, pero también para la sociedad en general, pues consume importantes recursos —públicos y privados—, que podrían tener mejor destino. Hay una dimensión económica del fenómeno que no ha sido subestimada, y aunque suena crudo y descarnado preguntar cuánto cuesta la violencia contra las mujeres, responderla podría aportar nuevos argumentos a favor de la prevención y de los programas de apoyo a las víctimas.

No se trata de cuantificar lo incuantificable —el costo emocional—, sino de establecer el valor de las pérdidas económicas para las víctimas y sus familias, para las empresas donde trabajan, y el monto de los gastos del Estado que provee servicios de salud, policiales, de protección, judiciales... La violencia de género no sólo empobrece a las víctimas y a su entorno más cercano, también a sus comunidades y al país. Por eso Jeni Klugman, del equipo de Género y Desarrollo del Banco Mundial y especialista en asuntos de la mujer, sostiene que “la equidad es la política más inteligente”. Genera importantes beneficios en lo que se refiere a la productividad y a los ingresos, y mejora los resultados del desarrollo, inclusive para generaciones futuras.

 

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