Por: Elisabeth Ungar Bleier

¿Cuánto cuestan los votos en Antioquia?

La financiación privada de campañas electorales es una forma legítima de apoyar a un determinado candidato o partido. Esto explica por qué la gran mayoría de países la permiten y ninguno la prohíbe del todo. Sin embargo, esta se convierte en una de las principales fuentes de corrupción política cuando los recursos provienen de actividades ilegales, cuando se utilizan para obtener beneficios particulares, para incidir indebidamente en las decisiones de los elegidos o para impedir que algunos sectores participen en la contienda electoral.

En un evento realizado recientemente en Apartadó, el Instituto Popular de Capacitación —IPC— presentó una investigación sobre la financiación de campañas de 2015 a las Alcaldías de Antioquia, a partir de la información que estas reportaron en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Es bien sabido que con mucha frecuencia esta no corresponde a los costos reales, pero esto no solo sucede en Antioquia o en el Urabá antioqueño, sino en todo el país.

Las cifras llaman la atención por su magnitud, el costo de las campañas y el valor de los votos, en términos absolutos y en proporción al censo electoral de la respectiva circunscripción. Por ejemplo, al dividir los ingresos reportados por los candidatos de Antioquia por los de votos obtenidos, se observa que los diez más costosos fluctuaron entre $58.764 del alcalde de Valparaíso, seguidos por $51.378 del de Peque y $49.532 del de San Andrés de Cuerquia.

Cada voto del alcalde de Medellín costó $3.374, cifra significativamente menor a las de los punteros. Y si bien la suya fue la campaña más costosa de Antioquia, con un reporte de ingresos de $825’362.281, su ciudad tenía un censo electoral de cerca de un 1’500.000 personas. Entre tanto, los alcaldes de Apartadó y Turbo, dos municipios con censos que apenas llegan a cerca del 6 % del primero, reportaron ingresos de $521’231.926 y $427’000.000, respectivamente.

A nivel departamental, de las 20 campañas que reportaron mayores ingresos, seis —más de la mitad de los municipios de Urabá— corresponden a alcaldes de esta región: Apartadó, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Arboletes y Mutatá. Sería interesante contrastar estos valores con el presupuesto de estos municipios y con otros indicadores, como los niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, para analizar si estos costos se compadecen con las condiciones de vida de sus habitantes. También vale la pena preguntarse de dónde provienen los recursos y qué retorno pueden esperar los financiadores de los elegidos.

Lo anterior amerita especial seguimiento y atención porque estos municipios hacen parte de una de las Circunscripciones Especiales de Paz. Es muy importante blindar las campañas de sus candidatos del ingreso de recursos de actores ajenos a las organizaciones sociales o de las víctimas, cuando se busca darles un espacio en el Congreso de la República a las regiones más apartadas y afectadas por el conflicto en Colombia.

Ojalá estas reflexiones sirvan para alimentar las discusiones sobre financiación de campañas en el marco del debate en curso sobre la reforma política.

* Miembro de La Paz Querida.

 

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