Por: Javier Ortiz

Cuatro días

El pasado 25 de julio, hace poco más de dos semanas, desapareció Brenda Pájaro Durán en la ciudad de Barranquilla. Tiene 44 años y cuatro hijos. El caso ha sido ampliamente divulgado por los defensores de derechos humanos de la ciudad, quienes se sumaron a la familia de Brenda para hacer un plantón exigiéndoles a las autoridades agilizar las investigaciones. Una de las hijas de Brenda, una niña de 14 años, tiene parálisis cerebral. Esa tarde, mientras le hacían las terapias habituales a la niña, Brenda salió a buscar unos documentos relacionados con el tratamiento médico, pero no regresó.

La familia interpuso la denuncia ante la Fiscalía al día siguiente, el jueves 26 de julio, pero solo hasta el lunes 30 de julio la entidad le dio trámite a la radicación del Formato Único de Noticia Criminal. “Tipo de noticia: denuncia. Delito referente: 162 – de la desaparición forzada” dice el documento. Los funcionarios de la Fiscalía, de manera muy atenta, le explicaron a la familia que ese era el procedimiento.

Brenda, por cuatro largos días, no tuvo la asignación de un fiscal que dirigiera con celeridad la investigación. Es decir, antes de la radicación de la denuncia no se pudo llevar a cabo una investigación a fondo con la suficiente rigurosidad; seguramente apenas se hicieron unas ligeras pesquisas, algunas entrevistas, visitas al lugar, pero la radicación de la denuncia y la asignación de un fiscal es determinante para hacer investigaciones más expeditas, obtener órdenes judiciales que permitan intervenciones telefónicas y el acceso a cámaras de seguridad de particulares.

De acuerdo con la información del Ministerio del Interior, Colombia es un país de origen y tránsito del delito de trata, especialmente en las modalidades de explotación sexual, trabajo forzado y matrimonio servil. Cerca del 80 % de las víctimas son mujeres y niñas. Aunque la trata es un delito vinculado a la desaparición, también tiene relación con los feminicidios y la violencia sexual.

Si bien son conocidos los frecuentes casos de personas desaparecidas que caen en manos de delincuencia común especializada en algunas modalidades de hurto, que acuden a la escopolamina y otras sustancias para reducir a sus víctimas y abandonarlas desorientadas, son las mujeres quienes enfrentan mayores riesgos cuando caminan por las calles en estado de indefensión por las drogas.

Días antes de la desaparición de Brenda, en Barranquilla desapareció otra mujer de la misma edad y en similares circunstancias. Fue hallada deambulando en una zona enmontada de Medellín, bajo aparentes efectos de escopolamina. En febrero dos mujeres desaparecieron de la misma manera en Bucaramanga. Una fue encontrada recorriendo las calles y la otra fue hallada sin vida. En marzo, una joven desapareció en Bogotá cuando iba camino a la universidad y fue encontrada en Paipa, Boyacá, semidesnuda y con residuos de escopolamina.

Uno puede hacer un aterrador recorrido nacional con historias de mujeres que desaparecen. La respuesta de las entidades, sus trámites administrativos y sus recursos deben disponerse en consecuencia del problema y no al revés. En un contexto acreditado de violencia contra la mujer, el Estado debe ser más diligente en su actuación. Créanme, en cuatro días, si se lo propone, una red de trata lleva a una mujer hasta la China.

 

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