Por: Nicolás Uribe Rueda

Cuestión de años

Tanto el Presidente como el jefe negociador en los diálogos con las Farc han insistido en repetidas oportunidades que será el pueblo, a través de un mecanismo de refrendación, quien tenga la última palabra sobre el contenido de los acuerdos que se suscriban en La Habana.

Naturalmente, nuestro ordenamiento jurídico permite la consulta a la ciudadanía para que ésta se pronuncie sobre asuntos de interés general, que resulten de particular trascendencia para la vida en comunidad. De acuerdo con el tema y su intención, la refrendación popular podrá obtenerse mediante plebiscito, para impulsar la implementación de políticas públicas o por medio del referendo, legal o constitucional, que tiene como propósito introducir, modificar o derogar normas del ordenamiento jurídico. Para modificar la Carta del 91, una asamblea constituyente también es posible, y ésta puede ser convocada mediante ley, que defina además su composición, competencia y período. La refrendación popular se dará en la medida en que la convocatoria alcance al menos la tercera parte de los votos del censo electoral y las mayorías elegidas acojan las tesis de los acuerdos firmados con la guerrilla.

Sin embargo, habiendo caminos, lo que parece escaso es el tiempo para transitar por cualquiera de ellos antes de que concluya el actual período presidencial. Aun si los diálogos avanzaran de manera frenética y en cuestión de semanas se pudiese firmar un acuerdo, no habría posibilidad alguna para convocar antes de que termine este año un referendo o una asamblea constituyente. Las alternativas para consultar la voluntad del pueblo arrancan por el Congreso, y a éste no le quedan sino 15 días de deliberaciones antes del fin de la legislatura, y a partir de julio es claro que habrá más actos de campaña que sesiones en los recintos del Congreso.

La fecha para la refrendación de los acuerdos, por tanto, se trasladaría necesariamente hasta finales de 2014, siempre y cuando en lo que queda de este 2013 se logre terminar la discusión y concretar en propuestas de política pública, ley y reforma constitucional aquello que se acuerde en Cuba.

Así las cosas, es imposible que la participación política de los farianos reinsertados se presente por primera vez en las elecciones del año entrante. Será únicamente posible en 2015, para las elecciones regionales y locales, y hasta 2018 habría una oportunidad para que compitieran por los escaños del Congreso. Una reforma para alterar el calendario institucional de las elecciones sería la única forma para anticipar la participación política de la guerrilla.

La tardanza para alcanzar los acuerdos ha trasladado inevitablemente el proceso de paz al siguiente período presidencial, el cual queda condenado a cohabitar con sus efectos. Una parte del mismo se invertirá en la convocatoria y realización de los referendos o asambleas constituyentes y la otra será juzgada por la historia por su capacidad de impulsar reformas en cumplimiento de los temas acordados.

El proceso de paz no es por tanto cuestión de algunos meses.

 

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