Cuidar los recursos y proteger la democracia

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Los desastres naturales, las hambrunas, los brotes pandémicos como el que está viviendo la humanidad con el COVID-19 son eventos que ponen a prueba la capacidad de las instituciones públicas y privadas y de los ciudadanos en general para enfrentarlos. Pero también ponen en evidencia sus debilidades y deficiencias, que pueden hacer aún más graves las consecuencias de estas tragedias.

Los riesgos de corrupción y de abuso de poder son dos de estas consecuencias. Con relación a la primera, algunas ONG como Transparencia Internacional (TI) y organismos como la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) han demostrado que estos eventos, por la celeridad con la que se tienen que tomar las decisiones, por la dimensión de los recursos que se requieren y de la creciente demanda de bienes y servicios, se convierten en oportunidades propicias para que se cometan actos corruptos. Esto es particularmente cierto cuando estos hechos se presentan en países con una institucionalidad débil o cuando las entidades responsables de prestar servicios básicos, como por ejemplo las que hacen parte del sistema de salud, ya han sido permeadas por la corrupción. Colombia no es ajena a ninguna de estas circunstancias.

 

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