¿Cumplir o no?

Se supone que en toda democracia los políticos deben cumplir al menos sus promesas fundamentales. De lo contrario, el voto empieza a perder sentido. Por desgracia, cada vez que se trata de poner a navegar este postulado elemental en la política real, la que va fluyendo ante nuestros ojos naufraga en un mar de ambigüedades. Por ejemplo, Santos, nuestro presidente saliente, se hizo elegir en 2010 como heraldo del uribismo, que después lo condenó por traidor. A mí me encantó que quebrantara sus promesas de fidelidad. Pero entiendo que hay otras interpretaciones posibles del episodio. El propio Santos —pese a su célebre afirmación de que “la política es dinámica”— dijo hace poco que nunca dejó de ser uribista, y que cuidó con celo “los tres huevitos”. ¿Será cierto? Como fuere, los uribistas continuaron mandándolo una y otra vez al quinto infierno, y lo seguirán haciendo. Trump expresa otra clase de ambigüedad: está haciendo lo que prometió, sin duda, ¿pero los detalles también estaban en el paquete? ¿El encarcelamiento de su ex, la carismática actriz porno Stormy Daniels, la separación de familias, el estilo de matón de barrio para lidiar con sus pares internacionales, la agresión brutal y permanente contra la prensa independiente? Es posible que haya un montón de republicanos dispuestos a acompañarlo en lo que está dispuesto a cumplir —a mi juicio lo verdaderamente espantoso—, pero que sienten que los detalles son ya un plato demasiado fuerte, incluso para ellos.

Así que si el principio del cumplimiento es difícil de aplicar a rajatabla, al menos se puede decir que lo que se decide poner en práctica y lo que no de las promesas de campaña es extraordinariamente sintomático. Y esto vale también para el presidente electo Duque. Por ejemplo, un puntal de la campaña uribista fue bajar impuestos a las empresas y subir salarios a los trabajadores. Con el nombramiento de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda ya sabemos que lo primero sí va a pasar y lo segundo no. También preveo que habrá una reasignación de las regalías, que les abrirá decenas de ventanas de oportunidad a los políticos de la coalición ganadora para hacer fiestas con sus amiguitos.

Lo que está pasando en el Congreso muestra igualmente cuánto significa el debate sobre el cumplimiento. Esto me trae, de nuevo, al asesinato sistemático de líderes sociales (a propósito, me parece inverosímil que la gente se persigne antes de hablar de sistematicidad, y que mientras están matando gente allá afuera, el Gobierno persista en su “debate semántico”. El mismo que le montaron hace 30 años a Barco, sólo que éste sí tuvo el valor de cortar por lo sano y llamar al pan pan y al vino vino). Dentro del uribismo y fuera de él hubo dos clases de reacciones: lo que podríamos llamar civilización básica (condenar los hechos, tratar de buscar soluciones), o agredir a las víctimas y echar una sombra de sospecha sobre ellas. Por ejemplo, en el Gobierno tanto el ministro de Defensa como el comisionado de Paz optaron por lo segundo. En el uribismo, creo que Marta Lucía Ramírez —no un santo de mi devoción, que ha hecho como funcionaria electa declaraciones erráticas— rechazó con todas sus letras el fenómeno, y prometió tomar cartas en el asunto. Pero, en cambio, en la línea de sucesión para llegar a la presidencia del parlamento solamente hay incendiarios, comenzando por María del Rosario Guerra, cuyos ataques contra la gente que reivindicaba el derecho a la vida revelan una repugnante mentalidad de mafioso, y terminando con el propio “presidente eterno”, Uribe.

Aquí el dilema de cumplir o no se revela en toda su aterradora ambigüedad: porque el uribismo representa para los (quizá distintos) electores dos promesas al mismo tiempo: la de estabilizar y la de dar bala. Pero es imposible realizar las dos al mismo tiempo.