Por: Guillermo Fischer

Curaduríasde bolsillo

Ocasionalmente tenemos la oportunidad de ver los escándalos que se suscitan en los medios, ya sea por el bar, el motel o la torre de oficinas de 30 pisos que algún curador ha permitido en un apacible vecindario.

Las anomalías de las curadurías sólo son visibles cuando alguna comunidad protesta. El problema tiene origen en una profunda falla en su concepción, que vulnera el principio según el cual el interés general prima sobre el particular.

La creación de las curadurías partió de una buena intención: solucionar la ineficiencia y corrupción en la tramitación de licencias de construcción en las oficinas municipales de planeación. Quince años después, en cuanto a la eficiencia el objetivo se cumplió: el número de licencias tramitadas por año ha sido más que duplicado. En el otro aspecto, el problema se agravó: la corrupción convirtió a las curadurías en oficinas de tramitación de las empresas inmobiliarias, conocidas como “constructoras”.

Mientras que el ciudadano común, que quiere consultar la ampliación de su cocina o el cuarto para los nietos, es sometido a dilatadas citas de atención, con funcionarios novicios que no tienen la información completa, y si logra llegar al complicado trámite de licencia,  le son aplicadas las normas con todo el rigor posible, los constructores —a quienes por poco les extienden alfombra roja— son atendidos a cualquier hora, directamente por el curador y sus asesores jurídicos, para ayudarles a maximizar sus metros cuadrados vendibles al encontrar la manera más laxa de aplicar las gaseosas normas.

Esta práctica tiene origen en  la forma como los curadores perciben sus honorarios: son tasados en un porcentaje del valor de los metros cuadrados que licencien, sus ingresos dependen directamente de quienes más metros cuadrados traen, es decir, “las constructoras”.

La interpretación de las normativas es permitida por otra falla gigantesca: en la mayoría de municipios los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son contradictorios y ambiguos, siendo el curador quien decide su aplicación a conveniencia de su cliente especial.

El concepto general de la curaduría tiene beneficios, pero debe ser encontrada la manera de redirigir su servicio hacia el ciudadano común. Como las oficinas de planeación están prácticamente tomadas por los constructores, no existe interés en cambiar la situación. Se hace necesaria, entonces, la aparición de una tercería para la concepción de una nueva reglamentación de las curadurías, que bien podrían ser las universidades. Y retomar así la búsqueda del interés general de la ciudadanía.

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