Por: Mauricio Botero Caicedo

Dardos y pullas

BALTASAR GARZÓN, POLÉMICO Y pantallero asesor del gobierno colombiano en materia de derechos humanos, afronta una tormenta judicial que no pareciera amainar pronto, según reciente informe del corresponsal en Madrid de El Espectador.

El discutido jurista español ya no sólo es cuestionado por razones éticas (relacionadas con dudosas prebendas y favores a altos ejecutivos de los dos principales bancos españoles), sino porque ordenó grabar los encuentros privados en la cárcel entre los abogados y los procesados en un caso que hoy salpica al Partido Popular. El Tribunal Supremo considera que “en un Estado de derecho el fin de la búsqueda de la verdad no justifica cualquier medio”. En resumen, a Garzón lo están acusando por “chuzadas” ilegales, el mismo delito que le imputan en Colombia a un número importante de funcionarios de la anterior administración. El tener de asesor del gobierno a un personaje sub júdice (indistintamente del campo en donde pretenda adiestrar), más que un error, es un desacierto.

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Un caso representativo sobre el cual debe existir una prohibición tajante de extender la vigencia de las concesiones es la decisión del Concejo de Neiva de autorizar al alcalde a renovar por diez años más una concesión de alumbrado público inicialmente pactada por 20 años. Dicha concesión en Neiva tiene una tasa de retorno del 38%, que supera ampliamente la tasa de usura e incorpora, entre otras prebendas, un Índice de Precios al Consumidor del 18% anual fijo. No sólo es oportuno que la Contraloría General de la Nación investigue, sino que los funcionarios y concejales que se prestaron al millonario detrimento patrimonial de Neiva, además de purgar cárcel, respondan con su propio peculio.

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No puede uno menos que ser solidario con el abogado penalista Jaime Lombana cuando en los medios, principalmente en la radio, se defiende de acusaciones que lo vinculan con oscuras maniobras del grupo Nule. Se es solidario con el letrado porque la mentira y la calumnia difundida irresponsablemente en los medios de comunicación ocasiona daños irreparables en la reputación de las personas y de las empresas. ¿Será mucho pedirle a este abogado —que mantiene permanente acceso a los medios y que ha tenido que sufrir en carne propia falsas acusaciones— que valore el daño que él hace cuando utiliza la radio y la televisión para lanzar falsas acusaciones por cuenta de sus clientes, acusaciones que a la postre son linchamientos mediáticos sin derecho a réplica?

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Reza la sabiduría popular que siempre queda un pelo enredado en el alambrado. Es muy posible que varios de los implicados en los “carruseles de la contratación” de la capital terminen en la cárcel porque se les quedó un pelo engarzado en el alambrado. Este pelo puede ser las presiones para obtener bombas de gasolina o los listados de visitas entre muchos de los cuestionados que una y otra vez han negado tener negocios en conjunto. Ojalá que muy pronto la justicia pueda llevar a los tribunales a esa recua de pícaros que ayudó a los Nule a alzarse con la no despreciable cifra de un billón y medio de pesos.

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Si la avivatadez es la inteligencia de los estúpidos, el actual presidente de Guatemala y su esposa pasarán a la historia cómo los más solemnes avivatos en la historia de aquel hermoso país. La Constitución de Guatemala prohíbe tajantemente la reelección del presidente, directamente o a través de sus familiares, y para torcerle el pescuezo a la Constitución, la pareja de avivatos ha tomado la decisión de divorciarse. ¿Permitirá la Corte Suprema de Guatemala tan burda maniobra electoral?

 

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