Por: Mauricio Botero Caicedo

Dardos y pullas

EN BUENA HORA EL SENADO ESPAñol, según informes de prensa, aprobó limitar la competencia de la “Jurisdicción Universal”.

(A los jueces de la Audiencia Nacional la ley les otorgaba el derecho de juzgar a cualquier persona o crimen, haciendo caso omiso de las leyes o de la jurisdicción de los otros países). Implícitamente la ley establecía, con un tufillo imperialista difícil de ocultar, que España era judicialmente omnipotente y sus jueces depositarios de la verdad revelada. Jueces con inocultable afán protagónico, “pantalleros”, como Baltasar Garzón, aprovecharon esta circunstancia para juzgar, con la idiota complacencia de los medios, a medio mundo. La nueva ley ante el Senado modifica la “Jurisdicción Universal” en el sentido que debe demostrarse que el delito tiene “vínculos relevantes” con España o que haya víctimas españolas o que el autor del delito esté en este país. Para algunas de las asociaciones de juristas y magistrados en España, según los entendidos, “la competencia de la Audiencia Nacional se había desbordado peligrosamente y solicitaron la necesidad de enmarcar la jurisdicción en algún punto geográfico, en algún escenario…”.

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El rechazo en las urnas a las funestas políticas del matrimonio Kirchner en las recientes elecciones legislativas en Argentina era inevitable. Lo que no podían pretender este par de saltimbanquis era manejar el país con las patas, combinando la arrogancia con la incompetencia, y simultáneamente seguir teniendo el apoyo del electorado. Porque una cosa es ser prepotente y distante, defectos que se perdonan cuando las políticas son exitosas, pero otra cosa es la ineptitud de la mano de la corrupción. Sin tener en cuenta las consecuencias a corto y mediano plazo, los “Pingüinos”, como con desprecio los califican en el argot local, les impusieron a los ganaderos y a los agricultores tributos confiscatorios que alienaron a la totalidad del sector, posiblemente el más influyente del país, torpeza que hoy pagan los Kirchner con una derrota estruendosa.

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Haciendo abstracción momentánea si uno considera a Manuel Zelaya un abanderado de la Revolución Bolivariana y el portaestandarte del Socialismo del siglo XXI, o simplemente un lacayo de Chávez, es importante que la opinión pública conozca la verdad: o fue el ejército hondureño el que depuso al presidente legítimamente electo, impidiendo de esta manera que se lleven a cabo las elecciones, o la decisión legítima de destituir al presidente por los abusos cometidos vino del Congreso en una decisión unánime, fue aprobada por las Cortes, y fue ejecutada por el ejército. De ser el primer escenario, hay razones de sobra para censurar el golpe de Estado. Por el contrario, si realmente es lo segundo lo que ocurrió, el escándalo de la comunidad internacional no pasa de ser una intromisión torpe e ilícita en las decisiones autónomas de un país que busca restablecer el Estado de Derecho. Los hondureños han respetado la separación de poderes y han aplicado los mecanismos para destituir a quien estaba tramando romper con premeditación y alevosía, y bajo las instrucciones del chafarote venezolano, el orden constitucional.

Y hablando de Chávez, ¿no podrá el venezolano pensar en mecanismos más discretos y menos burdos para financiar a sus amiguitos que enviarles maletadas de dólares? A Cristina Kirchner, Chávez le colocó medio millón de dólares, y a Zelaya tres millones. En comparación, entregarle dineros a una recua de pícaros en Buenaventura a través de fundaciones fachada bajo el control de Monómeros Colombo Venezolanos, aparece como una operación de singular elegancia y sofisticación. La vulgaridad caracteriza tanto al que da, como a los que reciben.

 

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