Darío Acevedo Carmona y la crisis de identidad

Javier Ortiz Cassiani
06 de febrero de 2020 - 05:00 a. m.

Hay historiadores a los que les gusta el revisionismo histórico. Por ideología, por desencanto ideológico, por presumir originalidad en su natural vanidad intelectual o por las tres cosas. Entre los negacionistas del conflicto armado en Colombia hay varios, pero evidentemente el de más notorio y público conocimiento es Darío Acevedo Carmona. Alguna vez dije en una de estas columnas, a propósito de su posición, que uno tenía todo el derecho como historiador profesional a desarrollar tesis académicas a contrapelo de ciertas políticas públicas, pero que no debería dirigir una institución oficial cuyo mandato, por ley, se sustenta en el reconocimiento histórico de la situación que se niega.

Hagamos un poco de memoria: el Centro Nacional de Memoria Histórica lo crea, en su artículo 146, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, o Ley 1448 del 10 de junio de 2011; se estructura a partir del Decreto 4803 del 20 diciembre de 2011, y “tiene por objeto la recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno en Colombia”. Más clara no puede ser la cosa. Su objeto se define por ley, y si Acevedo pone en juicio eso, estamos ante un caso en el que una persona dirige una institución oficial sin estar completamente convencida de los principios que le dan sentido.

Hace unos días, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac) decidieron suspender la membresía del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), debido a que la institución no respondió a tiempo una carta en la que debía ratificar su compromiso con el reconocimiento del conflicto armado en Colombia, de acuerdo con la Ley de Víctimas, la centralidad de las víctimas en las políticas del CNMH y el reconocimiento de lugares de memorias y museos generados por las mismas comunidades víctimas. Estas peticiones fueron enviadas desde septiembre del año pasado y hasta la fecha —razón por la cual las instituciones internacionales tomaron la determinación— no habían tenido respuesta. Acevedo dijo que había sido un error producto del ajetreo administrativo, pero que él —desde que asumió la dirección del CNMH— jamás ha negado la existencia histórica del conflicto armado interno en Colombia y que quizá lo ha llamado de otra manera porque no cree en dogmatismo conceptual.

Y sí, tal vez lo ha llamado de otra manera: quizá ha dicho que el conflicto colombiano no fue más que una defensa del Estado ante una amenaza terrorista. Lo cierto es que Acevedo ha sido revisionista de la historia del conflicto, ha subestimado el número de víctimas de la violencia, ha relativizado el tema de la usurpación masiva de tierras, ha descalificado el Acuerdo de Paz, la JEP, la Comisión de la Verdad, y ha censurado contenidos museográficos e investigaciones producidas desde el mismo CNMH. Es evidente que no está cómodo en ese lugar, y su permanencia parece solo una cruzada para cambiarle el sentido a lo que ya está estipulado por ley.

Cuando fue nombrado en el cargo y los periodistas empezaron a indagar sobre su condición de converso después de haber militado —incluso— en un partido de extrema izquierda, dijo que esa militancia le había llegado sin buscarla, que se enteraron de su activismo y le mandaron la notificación de que había sido admitido, pero que en todo caso no había durado mucho en sus filas. La cosa parece sencilla: tal vez lo mejor sería renunciar a una institución que se fundamenta en unos principios que, al igual que aquel partido, no lo convencen.

 

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