Por: Cristina de la Torre

DAS: persecución y paramilitarismo

El DAS del uribato reunió ingredientes acusados de policía política en un régimen fascista.

No hubo allí exceso de celo patriótico sino arrogancia de poder absoluto. Fue lo suyo persecución al tribunal supremo de justicia y a la oposición, presunta colaboración con el paramilitarismo y hasta asesinatos tolerados por la cúpula de la institución. No venga ahora el Centro Democrático, en la desesperada, a fungir de mártir, cuando toda Colombia sabe que ese organismo de seguridad dependía directamente de Presidencia de la República. En el tenebroso prontuario del DAS que el periodista Juan David Laverde reconstruye (El Espectador, 2, 8), lo menos parecería ser el espionaje a la Corte —aunque un delito más modesto de esta especie le costó a Nixon la primera magistratura en EE.UU.—. Lo diabólico, el supuesto amancebamiento del DAS con paramilitares y el involucramiento de directivos suyos en homicidios. El alud de crímenes que la entidad registró en el pasado gobierno desnuda la picardía del uribismo que juega a la víctima para eludir explicaciones, cuando el país pide a gritos que se le revele la fuente última de autoridad en la infamia. Acaso para envalentonar a la caverna y despistar a ingenuos escribió el expresidente Uribe que Hurtado “es víctima de un creciente matoneo, de una escalada de tortura por parte de Santos, de sectores cercanos a las Farc y del extremoizquierdismo que pretende apoderarse de la justicia”.

Pero William Romero, protagonista del “Plan Escalera” del DAS contra la Corte Suprema, le dijo a Laverde que el propósito era obtener información privilegiada “con destino al presidente para que tomara decisiones en relación con su gobernabilidad”. Y le pedían resultados “que está exigiendo ya el presidente Uribe”. Información, expedientes y grabaciones secretas de sesiones de la Corte se obtuvieron. En 2008 le habría manifestado Hurtado su alegría porque “el presidente había quedado muy satisfecho con los insumos del Plan Escalera”. El asedio se extendió a la vida privada de los magistrados que investigaban la parapolítica. Y a cuanto opositor, sindicalista, periodista o defensor de derechos humanos le pareciera al caudillo “terrorista”. La consigna era “espiar a organizaciones y personas de tendencia opositora a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. ¿La saga de un Videla?

Y el prontuario pasaba a mayores. Cuando al entonces director del DAS, Jorge Noguera, se le acusó de auspiciar la infiltración del paramilitarismo en la entidad, el presidente puso las manos en el fuego por él. A poco resultaría Noguera sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa. Recuerda Laverde que en 2005 Rafael García lo había denunciado por poner el DAS al servicio del bloque Norte de las autodefensas. Y el subdirector, José Miguel Narváez, denunció que allí se había instalado una central de chuzadas bajo control de alias Macaco.

Narváez habría pertenecido a la comisión de empalme del electo presidente Uribe en 2002, y habría sido después asesor de su gobierno. Pero Salvatore Mancuso, Don Berna, Ernesto Báez y El Iguano lo habrían señalado como ideólogo de las autodefensas. Y declarado que, en condición de tal, les dictaba conferencias para responder “por qué es lícito asesinar comunistas en Colombia”. A Narváez se le mezclaría en el asesinato de Jaime Garzón.

“Por la infamia de ver cómo mienten los que nos dieron las órdenes”, le dijo Romero al periodista, decidió armarse de valor y entregó a la Fiscalía toda la información del “Plan Escalera”. ¿Porfiará María del Pilar como cómplice inútil del “frentero” que se escabulle por sistema y le huye, cobarde, a la verdad?

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