Por: Cartas de los lectores

De Acemi sobre una columna

Me refiero a la columna de Fernando Galindo “¿A quién pertenece el patrimonio de las EPS?” (10/06/2019, p. 24).

La respuesta a la pregunta que titula el artículo es elemental: el patrimonio de las EPS pertenece a las EPS; de lo contrario, no sería el patrimonio de las EPS, sino el de otros.

La columna, no obstante, toca un tema de la mayor importancia, y es la naturaleza jurídica del rol de las EPS en el sistema de salud. Galindo parece creer que el dinero que reciben las EPS por afiliado para gestionar su riesgo en salud sigue siendo del Estado y, por lo tanto, les está vedado construir patrimonio con él. Esta tesis tiene un problema: no encuentra respaldo alguno en la ley. Muy por el contrario, desde 1993, la Ley 100 estableció que esa unidad de pago por afiliado (conocida como la UPC) sería un ingreso de las EPS destinado a un propósito específico: atender la salud de los afiliados, propósito cuyo incumplimiento debe acarrear las más severas sanciones, sin duda.

Este es el único entendimiento que permite considerarlas auténticas “aseguradoras”. Solo si ese dinero constituye su ingreso, y con él pueden ir construyendo patrimonio, será posible que se les exija asumir el riesgo en salud, como lo ordena la ley. La tesis del columnista Galindo supone que las EPS son unas meras administradoras del recurso de un tercero, en este caso el Estado. Esa es una opción válida, no digo que no, pero requeriría cambios explícitos en la ley, e implicaría que las EPS renuncian al derecho a construir patrimonio, pero, por supuesto, también renuncian al deber de asumir las pérdidas eventualmente derivadas de la actividad de gestionar la salud de los afiliados.

Tratar a las EPS como auténticas aseguradoras, con rigurosos requisitos de habilitación técnica y financiera, es el camino. Así lo demuestran los éxitos del sistema de salud colombiano en las últimas tres décadas, internacionalmente reconocidos. No sería el único caso en que empresas privadas asumen un riesgo social y son remuneradas por ello como aseguradoras: las aseguradoras del SOAT y las aseguradoras de riesgos laborales responden al mismo concepto y nadie las ha cuestionado por eso.

Definir a las EPS como aseguradoras plenas no quiere decir que puedan hacer con sus ingresos cualquier cosa. Quiere decir que, como sucede con las compañías de seguros tradicionales, se someten a un riguroso marco prudencial de regulación y pueden y deben ser sancionadas en caso de incumplimiento.

La visión de Galindo es un clásico “pensar con el deseo”. Las normas vigentes dicen otra cosa, y sería útil que todos trabajáramos en premiar a las que cumplen, fortalecer y saludar este exitoso esquema de colaboración entre el sector público y el privado.

Gustavo Morales Cobo, presidente ejecutivo de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral).

Envíe sus cartas a [email protected].

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