Por: Cartas de los lectores

De Afidro sobre un editorial

Se pregunta su nota editorial del sábado 6 de mayo, al comentar la expedición reciente del Decreto 670, que “falta saber qué piensa y qué hará el presidente Santos, quien hasta ahora ha permanecido en silencio...”. La respuesta es fácil: el decreto, como todos los decretos, está firmado por el presidente, y por lo tanto, su contenido refleja la política del Gobierno entero, que quiso ponerle un poco más de orden al proceso de Declaratorias de Interés Público (DIP) sobre productos patentados, paso previo para imponer sobre dichas patentes una Licencia Obligatoria.

Presentar la expedición del decreto como un enfrentamiento entre el comercio y la salud ignora que las DIP pueden decretarse sobre cualquier producto patentado, de cualquier sector, no sólo de salud.

Nuestra participación como gremio vocero de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo frente a la expedición del decreto se limitó a escuchar la presentación de su contenido en reuniones a las que también estaba invitado el ministro de Salud, quien envió a sus representantes, y a presentar comentarios públicos dentro del término extenso en que el borrador fue publicado para consulta ciudadana. De hecho, casi ningún comentario nuestro fue acogido por el Gobierno, lo que no opaca el hecho de que el decreto constituye una mejoría de la política pública vigente, en la medida en que incorpora la opinión de las agencias que deben velar por el desarrollo económico y la protección en la propiedad intelectual, en la aplicación de la figura de las DIP. Estas declaratorias están reguladas en el régimen internacional de patentes, no de salud.

El Ministerio de Salud está a punto de incorporar miles de presentaciones médicas a su política de control de precios, y para ello no le ha sido necesario utilizar flexibilidades propias de la propiedad intelectual, como las DIP. Nuestro punto siempre ha sido que para controlar precios no se necesita atacar de forma discrecional y arbitraria patentes específicas, lo que genera incertidumbre y desasosiego entre los agentes nacionales y extranjeros que dependen de las patentes para proteger el esfuerzo innovador que realizan.

Su editorial pone al Decreto 670 a decir cosas que éste no dice. Por ejemplo, jamás existió la posibilidad de que las DIP se utilizarán “con fines de control de precios”, por lo tanto, le era imposible al decreto eliminar esa opción. ¿Cómo se elimina lo que no existe? De hecho, la Comisión de Precios de Medicamentos lleva cuatro meses intentando respondernos esa pregunta ¿Cómo hicieron para controlar precios a partir de una DIP? No han podido responderla. Es imposible hacerlo.

Todos los que no somos ni Estado ni religión somos “sociedad civil”, en la definición enciclopédica clásica.. Lo que pasa es que algunos hacemos explícito a quién representamos, y tenemos una visión del interés público que pasa también por el respeto a los derechos de propiedad intelectual legítimamente adquiridos. Otros, que se avergüenzan de decir a quién realmente representan, tienen otra visión del interés público. El papel del Gobierno está en conciliar todas esas visiones a través de procesos participativos y públicos. Creo que esta vez, excepcionalmente, lo hizo bien.

Gustavo Morales. Presidente ejecutivo, Afidro.

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