Por: Cartas de los lectores

De Afidro sobre un editorial

Las empresas farmacéuticas innovadoras afiliadas a Afidro han acatado y apoyado sin matices la política de control de precios de medicamentos establecida por el Gobierno Santos desde 2013. Entienden que un sistema de salud que en buena medida se financia con recursos públicos debe valerse de mecanismos de esta índole, siempre que ellos no generen barreras de acceso a los pacientes.

Infortunadamente, la forma específica como la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos aplicó dicha política a finales de 2017 es “caprichosa y autoritaria”, para utilizar los mismos términos de su editorial del 4 de enero, “Precios justos de medicamentos”. Las reglas expedidas por la propia Comisión (Circular 03/13) establecen que “los precios máximos de venta que se establezcan con arreglo a la metodología de la presente circular serán publicados en el mes de octubre de cada año y comenzarán a regir a partir del primero del año siguiente”. El 1° de noviembre de 2017, la industria farmacéutica se sorprendió al constatar que, a pesar de los varios borradores publicados durante el año, y corregidos y mejorados en sucesivos ejercicios de consulta ciudadana, la Comisión había dejado pasar el término fijado por ella misma sin expedir la nueva lista de precios y productos controlados. Así pues, el control de precios expedido en vísperas de Navidad, que el editorial elogia con tanto entusiasmo, es fruto de una inexplicable omisión administrativa por parte de la delegada del presidente de la República, la ministra de Comercio y el ministro de Salud, que no han sabido explicar por qué se sienten capaces de desconocer deliberadamente y sin ningún tipo de justificación técnica las normas generales que ellos mismos, con tanta rigurosidad, expidieron en su momento.

Sería muy útil que El Espectador indagara las causas de fondo por las cuales la Comisión fue incapaz de expedir el control de precios de medicamentos correspondiente al 2017 en la fecha preestablecida para ello, y por qué ha sido incapaz de explicarle a la opinión y a la industria de forma coherente y con argumentos técnicos contundentes semejante omisión. El “buen gobierno” que tanto invoca la administración Santos pasa también por el respeto a las normas preestablecidas y a las reglas que todos hemos acatado; lo contrario debilita la confianza en la institucionalidad.

Finalmente, una inquietud estructural: ¿tiene sentido que el Gobierno controle los precios de los medicamentos cubiertos en el Plan de Beneficios en salud con cargo a la UPC —antiguo POS—, cuando esto debería ser función de las EPS, en su condición de aseguradoras en competencia y por ende gestoras del riesgo en salud de sus afiliados, y “compradoras inteligentes” de los insumos requeridos para cumplir esa labor? El Estado parece desconfiar de la capacidad de los privados de realizar la labor que la ley les encomienda. En tal caso, ¿para qué pagarles por sus servicios?

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.

 

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