De ángeles y demonios

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“Si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario”, escribió James Madison, uno de los arquitectos de la Constitución de los Estados Unidos. Agregaba que un gobierno de hombres debía dividirse en varios niveles que se controlaran mutuamente para no hacerle daño a los gobernados ni permitir que se abusara del poder. Se requerían, por lo tanto, controles externos e internos sobre el gobierno, como el sistema federal, que garantizaran la libertad y prosperidad de los ciudadanos.

La Asamblea Constituyente colombiana de 1991 siguió estos principios fundamentales en el diseño institucional del país, incluyendo la regulación de la banca central, cuya independencia quiso asegurar. En el pasado, el gobierno se financiaba con emisión monetaria que causaba inflaciones mayores al 20 % anual, lo que se tildó como “impuesto inflacionario”: en vez de recaudar tributos, el gobierno devastaba el poder adquisitivo del pueblo en forma poco perceptible.

Para evitar que el financiamiento al gobierno continuara generando inflación, el constituyente estableció una junta del emisor conformada por personas idóneas, presidida por el ministro de Hacienda, pero quien estaba en minoría frente a cinco codirectores nombrados por períodos de cuatro años inamovibles, más el gerente del emisor. El presidente podía cambiar dos miembros por una vez, transcurrida más de la mitad de su período, a principio de año. El gerente era elegido por la junta con período similar, antes de su relevo, en diciembre. La emisión a favor del gobierno solo sería permitida por una decisión unánime de su junta directiva, es decir en caso de una profunda crisis económica.

La reelección presidencial deterioró el equilibrio de poderes entre el Banco de la República y el gobierno por la simple razón que tenía facultad para hacerse a la mayoría de la junta directiva al poder nombrar cuatro codirectores en ocho años; el magistrado ponente del articulito que reformaba la constitución afirmó en forma contraevidente que no afectaba el equilibrio de poderes. 

Un freno a la intervención abierta en la política monetaria por el Ejecutivo siempre ha sido la posible pérdida de reputación del país, la fuga de capital que podría precipitar y una baja del crecimiento económico.  Otro es que la sociedad se acostumbró a tener inflaciones bajas y su aumento podría afectar la suerte del partido de gobierno en futuras elecciones. El poder del gerente, por otro lado, ha sido importante para que la burocracia del banco central, elegida por mérito y bien remunerada, no pueda ser capturada por el partido de gobierno o sus aliados.

No es necesario argumentar que Alberto Carrasquilla es un demonio para advertir del riesgo que corre la independencia del banco central cuando se acerca la elección de gerente en diciembre, contando con dos nombramientos recientes, uno de ellos de dudosa factura, que le dan tres de siete votos posibles para elegirlo; además, en enero de 2021 el presidente nombra otros dos codirectores. Si el gobierno cambia gerente, habrá nombrado seis de siete miembros de la próxima junta directiva del Banco de la República. 

Lo cierto es que el Centro Democrático tiene un programa de reducción de impuestos que generará faltantes en el presupuesto y que no se preocupa tanto por la idoneidad de sus funcionarios como por la lealtad a su ideología. Todo ello eleva el nivel de riesgo de que el Banco de la República emita en exceso y sea capturado por el partido de gobierno.

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