Por: Columnista invitado

De audiencias públicas y revocatorias

Por: José Cuesta Novoa*

Durante los días 15 y 16 de mayo se realizó en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Eivil la audiencia pública ciudadana, convocada por el Consejo Nacional Electoral, como resultado de una petición que presenté por escrito el 10 de abril, en la cual invoqué el derecho a que todos los comités de revocatoria, constituidos en el país, 107 para ser más precisos, fuesen escuchados por los magistrados de lo electoral. 

Esta solicitud la interpuse, entre otras razones, porque ya se conocía la intención del Consejo de intervenir el normal desarrollo de las revocatorias en curso. Si quedaba alguna duda a este respecto, la misma fue despejada en el instante en que el periódico El Espectador publicó en su totalidad el texto de un proyecto de resolución, que le atribuía unos súper poderes al CNE, facultándolo para suspender en cualquier etapa un proceso revocatorio. 

Dicha facultad de suspensión, derivaba de otra figura exótica, contendida en la famosa resolución propuesta: la de verificar y evaluar la consistencia de las exposiciones de motivos presentados por los comités ciudadanos respectivos, al momento de inscribirse ante las registradurías municipales. 

Era suficientemente claro que ese proyecto de resolución violaba el debido proceso, dado que las reglas del juego para adelantar una revocatoria de mandato estaban contendidas en las leyes 134/94 y 1757/2015. Todos los comités de revocatoria, creados a lo largo y ancho del país, habían sido inscritos; sus resoluciones de reconocimiento expedidas por las registradurías municipales; y la entrega de formularios oficiales para la recolección firmas, con base en la normativa vigente y pre-existente. Por lo tanto, era ilegal a todas luces, modificar las reglas de juego en la mitad del partido, incorporando funciones de auténticos censores, al dejar en manos del CNE, la función de verificar los motivos que dan lugar a una acción de revocatoria, que bien puede responder a dos causales: incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción general de la ciudadanía. 

Como lo dijimos públicamente, el proyecto de resolución en su conjunto constituía un golpe certero contra la democracia participativa. Afectando el derecho a la participación ciudadana, sin duda, el ADN de la constitución del 91. Lo afectaba, porque la revocatoria del mandato es un derecho fundamental de los ciudadanos y un mecanismo de control político de los mandatarios, contemplado en la constitución y en su posterior desarrollo legal. No pudiendo ser alterado por ninguna autoridad administrativa. Tanto así que la ley 1757, la cual regula la revocatoria, posee carácter de ley estatutaria. A este respecto la Corte Constitucional, en su sentencia C-670 del 2001, es concluyente: “Esta interpretación estricta de la órbita de las leyes estatutarias, animada por la necesidad de evitar que su radio de acción se amplíe hasta el punto de vaciar las competencias de las leyes ordinarias, no significa que las materias que le son propias puedan ser objeto de otros instrumentos jurídicos. En este sentido, el principio de reserva material que la carta política ha definido para estas leyes es inmodificable y ninguna autoridad estatal está habilitada para interferir con la competencia privativa del legislador estatutario”. 

En síntesis, una ley estatutaria no puede se puede ser modificada por una autoridad administrativa. De ese tamaño era el estropicio jurídico, el CNE se quería arrogar la condición de legislador estatutario. Pero ahí no terminaba la arbitrariedad contenida en ese proyecto de resolución, la cual violaba la convención americana de derechos humanos, que establece con toda claridad la imposibilidad, por parte de una autoridad administrativa de afectar, conculcar, restringir, o interferir los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. 

La Audiencia Publica Ciudadana ante el CNE permitió con lujo de detalles desnudar los vacíos y las anomalías del proyecto de resolución que pretendía suspender las revocatorias actualmente en curso. A lo largo de los dos días de la audiencia, los distintos comités ciudadanos comprometidos con las revocatorias en sus respectivos municipios, aportaron contundentes argumentos jurídicos, mediante los cuales se demostró la fragilidad legal del deseo de reformar a última hora y con procedimientos equivocados, una pieza clave de la democracia participativa. 

El triunfo del poder ciudadano es inobjetable: el famoso proyecto de resolución fue archivado por el CNE; y las elecciones de revocatoria previstas en los municipios de Ocaña (Norte de Santander) y Copey (Cesar) se realizarán tal cual como estaban definidas.

*Impulsor de la revocatoria contra Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. 

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