Por: Cartas de los lectores

De Clara Rojas sobre su proyecto para sancionar el pago por sexo

Por medio de la presente, y teniendo en cuenta las siguientes columnas publicadas por El Espectador: “Por el derecho al trabajo sexual”, “Tres cartas sobre trabajo sexual”, “Dejen trabajar”, “Ayuda con veneno” y “La sífilis y el pudor dañino de los colombianos” , y en aras del equilibrio informativo y la libertad de prensa, me permito señalar que:

1. El proyecto de ley 065 de 2017 Cámara busca desincentivar la demanda de servicios sexuales, introduce sanciones administrativas y su naturaleza jurídica es similar a las contravenciones contempladas en el Nuevo Código de Policía. Pretende generar un cambio cultural a través de la educación y la pedagogía ciudadana. No busca prohibir la prostitución.

2. Sobre la clandestinidad: es un problema intrínseco a la prostitución. Una serie de informes señala el impacto negativo que ha tenido la liberalización, en países donde se asume como un “trabajo sexual”; en Holanda y Alemania, las personas más marginadas a nivel social siguen trabajando en exteriores. Esto se debe al aumento de la vigilancia y a una disminución del consumo que derivan en precios menores, una menor variedad de clientes, transacciones rápidas y, en consecuencia, mayores riesgos: las mujeres reportaron haber experimentado mayor estrés y peligro en las calles.

3. Quienes se benefician de los servicios sexuales, en su mayoría, son terceros, consumidores y dueños de establecimientos. Nuestro Código Penal tipifica el proxenetismo, la explotación y la trata para fines sexuales. Colombia tiene obligaciones internacionales en la lucha mundial contra la prostitución.

4. Sobre salud: no se entiende por qué el Estado tendría que asumir la responsabilidad sobre los costos intrínsecos de salud (como la sífilis) que conlleva la prostitución, porque quienes se benefician de dicha industria, reitero, son terceros, quienes deberían asumirlos.

5. La prostitución en la mayoría de casos es una violencia basada en género y, por tanto, contraria a los Derechos Humanos: “El derecho a la salud sexual de las personas prostituidas se conculca de manera grave y sistemática, no siendo de importancia o de interés alguno para los usuarios de la prostitución, ni para los proxenetas ni, en general, para quien se beneficie de ella”.

En conclusión, me he animado a escribirles porque evidencio un sesgo informativo bastante cargado en contra del el proyecto de ley 065 de 2017, que no contribuye a buscar soluciones. Este proyecto, lejos de intentar imponer un modelo, busca abrir el debate público para hacerle frente a la problemática central; la vulneración de Derechos Humanos de las personas en situación de prostitución.

Clara L. Rojas G. Representante a la Cámara, Partido Liberal.

 

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