Por: Columnista invitado

De consultas, derechos y territorios

Por Marcelo Enrique Caruso Azcárate

Un gran debate para tan poco espacio público. Se afirma que las consultas frente a todo tipo de proyectos que puedan afectar la sostenibilidad de los territorios son ejercicios manipulados por ecologistas radicales y por lo tanto la decisión no es potestad de quienes los habitan. En realidad, estas tomas de posiciones expresan el rechazo a décadas de abusos, enajenación y expropiación de las pocas riquezas públicas que aún le quedan a una población en creciente desigualdad social. Uno no entiende por qué al territorio se lo considera la matriz de la construcción de paz, pero deja de serlo cuando se habla de negocios, desconociendo a quienes lo constituyen. Se argumenta que debe primar el interés general sobre el interés particular, aunque no es claro del interés de quién se está hablando, si de la naturaleza como nuevo sujeto de derechos (ver fallo Corte Constitucional sobre el río Atrato), de sus habitantes, o de quienes desde el poder han definido que la opción principal es la locomotora minera. Poco se aclara si se trata de la primacía del interés público sobre el interés privado o al revés, como en la práctica sucede, y se confunde el histórico debate de la relación virtuosa entre derechos individuales y colectivos.

El miedo de quienes por todos los medios y a cualquier costo promueven la reproducción rápida de su capital, incluyendo en los costos la destrucción de los equilibrios ecosistémicos, pasa por todo lo que implique democracia participativa directa que intente controlar de alguna forma sus negocios. Se puede corromper a gobernantes, jueces y parlamentarios, eso ya se sabe, pero es mucho más difícil, y sobre todo más costoso, tratar de hacerlo con todos los que habitan el territorio. Históricamente, la forma armada de intentar resolver los conflictos democráticos y socioambientales generó dolorosos espacios propicios para el avance del control autoritario sobre la sociedad civil, por lo que la construcción de paz debería comenzar por el intento de superarlos por la vía de la participación y el diálogo.

Esto puede explicar por qué los enemigos de la paz temen profundamente a esta fase adolescente del ejercicio territorial de la democracia ciudadana directa, que va más allá que los simples presupuestos participativos —valiosos en tanto ejercicios democráticos directos—. Les preocupa mucho su frescura, espontaneidad y compromiso consciente y, agregaríamos, su cierta ingenuidad combinada con pureza, que la convierte en un arma pacífica y éticamente demoledora, en un mundo rodeado de desconfianzas y monstruosas amenazas.

Veamos algunos casos concretos: consultas contra proyectos minero-energéticos. Si se dice: “No a la minería”, como está sucediendo en forma generalizada, la respuesta del Gobierno no ha sido premiar a ese municipio por su compromiso sostenible, sino excluirlo de todo proyecto de desarrollo, “pa’ que aprendan”. Si no dejaron entrar la minería “legal”, entonces deben hacerlo sus hijas putativas, la “ilegal” y la “criminal”, que someten y corrompen el tejido social y niegan la democracia participativa. Por lo que el “No a lo minero-energético” debería ir acompañado de una propuesta comunitaria dirigida a avanzar en un modelo de desarrollo alternativo sostenible, y en una sólida convicción de no permitir el ingreso de la minería ilegal y criminal, todo esto apoyado desde el Estado como parte de la construcción de paz.

Si en los territorios existe minería artesanal y hace parte de sus formas tradicionales de vida, el “No a la gran minería” debe ir de la mano de un proyecto asociativo-cooperativo de reconvertir en forma sostenible su explotación, y garantizar que sus regalías se destinen mayoritariamente a la construcción de proyectos agrarios y productivos, que vayan generando otras opciones de generación de ingresos en armonía con la naturaleza. Y si realmente se trata de respetar el “interés general”, por qué no hacer un debate y consulta nacional, para que todos y todas decidan si aceptan, y en qué condiciones, o rechazan, proyectos que puedan ir contra la relación metabólica sostenible de la sociedad con la naturaleza. La interesada miopía ambiental sólo se corrige combinando los saberes científicos con los haceres sociales de quienes sufren sus consecuencias y piensan en el bienestar de las generaciones futuras y la vida en el planeta.

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