Por: Cartas de los lectores

De Fenalce sobre la "defensa de la arepa"

¿Es la columna de Armando Montenegro del domingo pasado un escrito en defensa de la arepa o una sesgada utilización de la arepa contra los productores nacionales de maíz blanco, materia prima para su elaboración?

Ojalá al eliminar el arancel baje el precio de la arepa un 30%. Pero la historia se repite; en 2009 el Decreto 671/09 bajó el arancel del maíz blanco en la segunda quincena de marzo al 3%, aumentaron las importaciones pero no bajó el precio de la harina precocida para arepas. Fue necesario el arancel como medida correctiva, tras un 2009 crítico para el maíz blanco. Urge más bien revisar por qué en últimos meses el precio de la harina ha subido más que el del maíz. Y ante la inminencia del TLC, el Gobierno debe monitorear si los productos van a bajar en la misma proporción que los aranceles de las materias primas.

¿Qué puede pensar un agricultor-consumidor de la Costa que vende su maíz a $600 kilo ($300 libra) y al ir al supermercado encuentra una libra de harina de maíz de transnacionales a $1.600 y otra de harina nacional a $1.000? No es que la una haya comprado el maíz a mayor precio que la otra, ni es por el arancel.

¿Cuál arancel paga la industria de maíz blanco? Los importadores que justifiquen compra de cosecha nacional pueden importar sin pagar aranceles, a través del MAC. Y si son exportadores de harina importan sus materias primas sin aranceles utilizando Plan Vallejo.

¿Para qué resistirse a comprar una cosecha nacional en tránsito cuando ellos mismos aducen que no hay maíz en el mercado internacional? Prueba de ello es que la industria no ha cumplido con los compromisos adquiridos en la subasta, que estuvo dirigida a favorecerlos al exigirse el 100% de transformación, dejando por fuera a los comerciantes.

¿Cuáles grandes terratenientes encuentra en zonas productoras de maíz blanco como la bota caucana (Mercaderes), en negritudes del norte del Cauca (Guachené), en Caicedonia (Valle), en Jerusalén (Cundinamarca), en Aguachica hacia la sierra, o en los pequeños productores agremiados de Cereté y Tierralta, Córdoba. Si un 60% del maíz blanco en Colombia se produce en lotes de cinco hectáreas o menos, el 30% entre cinco y 20, y menos del 1% tienen más de 100 h.

¿Cuál discriminación contra la arepa? Si al igual que de maíz blanco, se puede fabricar de maíz amarillo y hasta de trigo, de cero arancel.

Y ante tan buenas noticias del TLC con los Estados Unidos, ¿para qué cambiar las reglas de juego al productor nacional, debilitarlo en vez de potenciarlo para enfrentar semejante competencia? Vamos a producir competitivamente maíz para alimentar al país.

Henry Vanegas A. Gerente general, Fenalce.

Del senador Robledo

En su artículo del domingo pasado en defensa del libre comercio, Alejandro Gaviria no hace juicios, expresa prejuicios. Y con qué exageración. Para descalificar a quienes nos oponemos a los TLC es capaz de decir: “Sea lo que fuere, siempre que se juntan reaccionarios y radicales para defender el statu quo incumbe ponerse del otro lado. Por principio. Sin mirar los números”. Qué tal. “Sin mirar los números”. Aunque carezca de cifras para probar sus tesis, hay que darle la razón. Cuánta soberbia. Ni que las políticas del Consenso de Washington no hubieran llevado al desastre a Colombia y al mundo. Si no estuvieran detrás de esta desproporción los poderes globales que sí ganan con el libre comercio, ¿se atrevería a tanto?

A lo anterior se le suma que Gaviria empieza su artículo diciendo, ahí sí con razón, que no son creíbles las cifras de crecimiento del PIB y del empleo que Santos dio en favor del TLC. “El impacto podría ser menor”, afirma. “Mucho menor incluso”, que es la verdadera razón para negarse a dar números, cosa que no lo lleva a renunciar al dogma pero sí a estigmatizar a los que damos cifras sobre el grave impacto negativo que el libre comercio —desde el gobierno de César Gaviria— le ha provocado y le provocará a Colombia.

Alejandro Gaviria agrega que “el TLC no es la panacea”, una manera elusiva de decir que, en el mejor de los casos, se mantendrá el statu quo en Colombia, un statu quo de atraso científico y tecnológico, desempleo, pobreza, concentración de la riqueza, corrupción y pérdida de la soberanía. Pero ¡que viva el libre comercio! Prohibido buscar cómo salvar a Colombia.

Como argumento a favor del TLC, Alejandro Gaviria explica que golpeará a los “terratenientes” y a las rentas que provienen de la propiedad del suelo rural. Pero calla que en el campo los principales lesionados no serán los grandes propietarios, sino empresarios menores, campesinos e indígenas, y que habrá enormes pérdidas entre los industriales, todo lo cual genera desempleo obrero. Tampoco dice que ganarán los poderosísimos hacendados norteamericanos y las transnacionales de la intermediación y que en el siglo XXI las rentas principales son las del capital financiero. El decano de economía de la Universidad de los Andes tiene que saber estas realidades y que la política agraria de Santos, que él defiende, consiste en impulsar la gran producción de los monopolios nacionales y extranjeros, a partir de que el mercado de capitales, es decir, los banqueros controlen la producción y la tierra rural de Colombia. ¿Y ello ocurrirá sin una gran extracción de rentas?

Sería muy grave que al país se le impusiera un debate económico sin pruebas en la mano y macartizando a los contradictores. Además, ¿no debería Alejandro Gaviria terminar sus columnas en El Espectador informándoles a sus lectores que él es miembro de la Junta Directiva de Bancolombia?

Jorge Enrique Robledo. Senador.

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