Por: Cartas de los lectores

De Frontera Energy, sobre los convenios con el Ministerio de Defensa

Me refiero al artículo titulado “Los convenios del Ministerio de Defensa en un caso contra líderes sociales en Casanare” (El Espectador, 09/16/19). El periodista cita ampliamente la denuncia elevada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc) sobre el caso de un grupo de personas detenidas luego de las protestas en Cubiro, campo operado por la compañía, la cual contiene varias imprecisiones que quisiéramos aclarar para que sean tenidas en cuenta en el futuro.

En primer lugar, queremos enfatizar que Frontera Energy cumplió su deber ciudadano de denunciar ante las autoridades competentes a un grupo de personas que atacó a los empleados y a la Fuerza Pública, poniendo en riesgo la integridad y la vida de las personas, durante el bloqueo a campo Cubiro, en Casanare, en enero de 2018.

Dicha investigación está en manos de la autoridades competentes y no es cierto, como afirma el artículo, que la compañía ha interferido en el proceso o que ha pagado dineros para el funcionamiento de la Estructura de Apoyo a la Fiscalía (EDA) con el fin de encaminar la investigación de acuerdo a sus intereses.

Señala el periodista que la compañía “tuvo que pagar $2.340 millones al Ministerio de Defensa” a cambio de protección especial por parte de las unidades militares colombianas. Sobre el particular debemos aclarar que las Fuerzas Armadas están en la obligación de prestar protección por tratarse de activos estratégicos de la nación, la cual está declarada por la ley como de utilidad pública (Art. 4 decreto ley 1056 de 1953 y artículo 1.º de la Ley 1274 de 2009). En consecuencia, los convenios celebrados por Frontera con el Ministerio de Defensa no tienen como propósito “pagar” una protección especial; en el caso específico de Frontera se trata de convenios de colaboración en los que la empresa entrega apoyos en especie para mejorar la capacidad logística (no letal) del Ejército, pues este cuenta con recursos limitados para defender la infraestructura de las empresas petroleras, mineras y del sector energético que operan en sitios remotos. Pero de ninguna manera este apoyo se hace a título de “pago” o remuneración.

Adicionalmente, estos convenios de colaboración están enmarcados por la Constitución Política de Colombia (artículo 209), la Ley 489 de 1998 (artículos 5.º y 6.º), la Ley 1150 de 2007 y la resolución 5342 del 25 de junio de 2014 del Ministerio de Defensa. Como signataria de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, Frontera entiende su responsabilidad frente al manejo de estos instrumentos de apoyo logístico a la Fuerza Pública para la protección de los bienes estratégicos del Estado. Mauricio Jiménez. Director de asuntos corporativos.

Finalmente, queremos asegurarle que la compañía actúa de acuerdo con sus valores de respeto e integridad, y conduce el negocio bajo los más altos estándares de ética y transparencia.

Igualmente, Frontera adelanta todos sus procesos en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y de una estricta política de respeto y protección de los derechos humanos.

Mauricio Jiménez. Director de asuntos corporativos.

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2019-09-23T00:00:37-05:00

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