Por: Germán I. Andrade*

De Fukushima a Hidroituango

Hay calamidades que son de naturaleza eminentemente humana. Involucran asuntos sociales y ambientales, en su relación con grandes intervenciones en los territorios. Son especialmente proclives a estas situaciones los grandes proyectos de infraestructura energética. Incluyen impactos ambientales y sociales con probabilidad estadística individual conocida, que han servido de base para una primera generación de evaluación del riesgo, desde la perspectiva del desarrollo sectorial. En esta aproximación los proyectos son el objeto central del análisis de amenaza y vulnerabilidad, y generan una apreciación del riesgo que lleva a una decisión del tipo costo/beneficio y de ahí a la decisión de construirlos o no.

En Colombia la gestión del riesgo para los sectores viene siendo incluida en los instrumentos de política y en los proyectos. En la Tercera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se hace un análisis de la vulnerabilidad sectorial frente al cambio climático. Ecopetrol aplica una estrategia para la disminución de su propia vulnerabilidad frente al cambio climático. Se dice que la canasta hidroenergética del país está adaptada a la variabilidad del clima, porque la oferta confiable del sistema sería relativamente resiliente a la variación pronunciada en las lluvias.

Pero, ¿cuál es el la gestión de riesgo en los territorios? Es la perspectiva faltante, para definir el riesgo aceptable. Son numerosos los ejemplos a nivel mundial en los cuales la catástrofe se manifiesta como un encadenamiento de eventos individuales que en conjunto tendrían una probabilidad baja o tendiente a cero, pero cuya ocurrencia tiene un impacto altísimo. Estamos hablando de Fukushima, en Japón, y Río Doce, en Brasil, que presentaron fallas sistémicas. En el caso de Japón la explosión de la central nuclear se dio como resultado de un sismo y tsunami gigantes, por fuera de los procedimientos de gestión del riesgo desde la ingeniería. La ruptura de la presa de contención de lavados mineros de Minas Gerais –asunto en teoría bajo control de ingeniería— desencadenó “el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil”, sin precedentes en el hemisferio. La gestión del riesgo debe pues anticipar el riesgo inaceptable, cuando los eventos de baja probabilidad individual se encadenan y generan una catástrofe de altísimo impacto. Como dice el filósofo del riesgo Jean Pierre Dupuy, “cuando lo imposible se vuelve cierto”.

Hidroituango no es Fukushima ni Río Dolce, pero tiene similitudes sistémicas que deben preocupar y servir para reformar el pensamiento. Hay que redefinir el riesgo, que no es ya solo de los proyectos sino de los territorios. Se basa en considerar que la ausencia de evidencia estadística sobre la probabilidad de ocurrencia de fallas en elementos que se resuelven en la ingeniería, no puede llevar solo a considerar que las medidas de precaución son las correctas. Los instrumentos para situaciones normales no son suficientes cuando los eventos improbables se encadenan en los territorios.

Una forma de construir una visión integral del sistema social, ecológico y tecnológico es incorporar más voces en la toma de estas decisiones. Aquellas de los profesionales de las ciencias sociales y ambientales, y sobre todo la de los potencialmente afectados en el territorio. No para un análisis de impacto convencional de proyectos predecididos, sino para la construcción social del riesgo aceptable como base para decisiones democráticas, transparentes y basadas en el conocimiento. Es la forma de construir resiliencia social y ecológica en los territorios que podrían así acoger los proyectos de desarrollo.

No es solo un asunto técnico. Tiene que ver con la justicia ambiental; o sea, es político. Porque la dignidad humana y los derechos ambientales, que no tienen lugar en la evaluación convencional del riesgo, son temas que deben pasar al centro de las propuestas de desarrollo.

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2018-06-28T01:00:54-05:00

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2018-06-28T01:14:44-05:00

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