Por: Eduardo Barajas Sandoval

De la reserva a la sorpresa

Como suele suceder entre nosotros, una vez más los asuntos importantes en materia de política exterior no forman parte de la discusión nacional, hasta que viene algún hecho que hace explotar todo tipo de opiniones, por lo general cargadas de emociones y marcadas por el derrotismo. Mientras tanto el país vive con la sensación de que la diplomacia consiste en la exhibición constante de compostura y buenos modales. 

Para finales de este mes, la Corte Internacional de Justicia ha señalado fecha para que la parte demandada, esto es Colombia, presente ante ese tribunal la respuesta formal, llamada en este caso “Contramemoria”, a la demanda de Nicaragua, que reclama la adjudicación de una plataforma continental que le atribuiría a ese país derechos sobre una plataforma continental que se aproxima a la costa atlántica colombiana.

Salvo el gobierno nacional, que seguramente se ocupa de la defensa correspondiente, conforme a una estrategia que se ha manejado con la mayor discreción, prácticamente nadie se ha ocupado de tratar el tema y mucho menos de ponerlo en el escenario de la discusión pública. Así se reitera nuestra tradición de lejanía y secretismo, cuando no de displicencia y desinterés, frente a los asuntos internacionales, como si se tratara de materias que no nos tocan, tal vez por no tener aparentemente contacto con esa cotidianidad llena de incidentes que mantiene nuestra atención en vilo. De manera que, al paso que vamos, solamente cuando la Corte dicte su fallo podremos conocer el contenido de los alegatos y, lo que es más importante, las consecuencias que pueda traer la estrategia de defensa adoptada. 

La decisión colombiana de retirarse del llamado Pacto de Bogotá, que ha debido tomarse hace veinte años, en lugar de insistir en la cortesía de mantenerse dentro de dicho acuerdo por el hecho de llevar el nombre de la capital de Colombia, no alcanzó a ponernos por fuera de la jurisdicción de la Corte de La Haya en el caso que hoy se ventila, otra vez por iniciativa de Nicaragua, en virtud de las reglas que allí se establecieron. El Pacto, suscrito a mediados del Siglo XX, nos obligaba a dirimir nuestras diferencias con los demás signatarios ante esa Corte, y el retiro de esa jurisdicción solo se haría efectivo un año después del anuncio correspondiente. Así que la nueva demanda nicaragüense se presentó aparentemente a tiempo, como parte de una estrategia clara de reivindicaciones de ese país, que ya recibió un duro golpe con el fallo de 2012, que le negó su pretensión principal, que era la de hacerse a nuestras islas, nuestros islotes y nuestros cayos, que según esa misma sentencia quedaron debidamente “escriturados” por autoridad competente, a nombre de Colombia. 

Una buena prueba del fracaso de Nicaragua en ese proceso, que no le adjudicó ni un centímetro de tierra, ni de roca, es el hecho de que, cerrado ese camino, ahora se haya metido en el empeño de conseguir, mediante nueva demanda, que le adjudiquen la plataforma continental que antes se le negó. Otra cosa es el triunfo mediático que en su momento se apuntó la parte nicaragüense cuando, ante la negativa de su pretensión principal, que era la de adquirir territorios, proclamó como su gran victoria la adjudicación, “por razones de equidad”, de derechos de explotación en un sector del Caribe al oriente del Meridiano 82. Aspecto de la decisión que, para sorpresa de observadores imparciales, produjo en amplios sectores de la opinión colombiana una sensación de derrota, sin que casi nadie reparara en el hecho de que la misma Corte había anunciado desde 2008 que señalaría la frontera marítima, pues no existía, y que al señalarla nos dejó todas las islas y cayos, aunque no coincidió con las pretensiones colombianas en la franja ya mencionada.

En el caso presente, está por verse la forma en la que se ha concebido la estrategia para defender nuestros intereses frente a la nueva demanda. Lo que importa es fundamentalmente aquello que se sostenga ante la Corte de La Haya, que actúa solamente dentro de unas reglas que exigen que la defensa de los países demandados se produzca conforme a modalidades por fuera de las cuales de nada valen constancias históricas ni declaraciones para la opinión interna, ni la unanimidad de las fuerzas políticas, ni el apoyo de la jurisdicción interna de ninguna de las partes. Si una de ellas no actúa conforme a lo establecido en el procedimiento, solamente quedarán registrados los argumentos de la contraparte y la Corte decidirá con base en ellos. Y esto es así porque si valieran consideraciones de otra índole, por fuera de las reglas de la Corte, bastaría con que gobiernos o tribunales internos se manifestaran, según su conveniencia, o inclusive la conveniencia nacional unánime frente a uno u otro asunto, para que desapareciera el derecho internacional, con Corte y todo, y regresáramos a la ley de la selva, donde ya se sabe que solamente sobreviven los que se consideran por encima del derecho, que por lo general son los que más sueltos se sienten frente a la causa de la paz.

Estamos ante un momento verdaderamente histórico, como tantos que ha tenido que afrontar el presente gobierno. De lo que se haga o se deje de hacer no solamente depende que ganemos o perdamos derechos muy importantes, que mantendrían o cambiarían para siempre la configuración misma de nuestra soberanía. También estamos en un momento crucial, del cual depende que mantengamos o alteremos una de nuestras marcas más sobresalientes y reconocidas, como es la de haber proclamado siempre fidelidad a los principios del Derecho Internacional y el mayor respeto por una institucionalidad que ayudamos a construir desde la fundación misma de las Naciones Unidas. Deberíamos confiar en que la conducción del problema sea la más acertada.

 

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