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En el momento actual hay varias situaciones de las cuales fácilmente se puede colegir que estamos ante una verdadera crisis de la república. Veamos.
Un expresidente, senador y jefe del partido de gobierno ante providencia de la Corte Suprema de Justicia, a todas luces ajustada a derecho, califica al alto tribunal como mafia y su detención domiciliaria como secuestro. Intenta con ello desatar un proceso manipulado de formación de opinión contraria a la Corte, apelando a recursos como la exigencia de hacer público el expediente a sabiendas de que tal cosa no cabe dentro de las previsiones legales del debido proceso.
El propio Presidente se manifiesta en palabras que conllevan desconocimiento de la providencia y decisión de la Corte Suprema. El juez de reparto, al fallar sobre denuncia hecha por un joven jurista, exhorta al Presidente a expresarse en términos de respeto y acatamiento a la Corte, exigencia que ya había hecho, días antes, el Procurador General.
El Presidente goza de un poder en tal forma desmedido que resulta ser quien determina el nombramiento de las cabezas de los más importantes órganos de control: Procurador, Contralor, Fiscal General, Defensor del Pueblo. Se da al traste con el contrapeso de poderes propio de la institucionalidad republicana. Se acentúa el giro dictatorial del régimen.
El país está arrasado por un vórtice de violencia multiforme mientras el Presidente se muestra indolente e incapaz, sin voluntad política, en el uso garantista del monopolio de la fuerza y otros recursos en sus manos. Son centenares los líderes sociales y excombatientes guerrilleros asesinados. Fenómeno generalizado de exterminio que en los últimos meses ha mutado en algo aún más grave: las masacres, en particular de jóvenes, que se multiplican a lo largo y ancho del país. No hay garantías para el ejercicio legítimo y democrático de la oposición social y política.
Una potencia extranjera decide instalar un cuerpo armado en nuestro país, so pretexto de cooperación para la erradicación mediante fumigación de cultivos de uso ilícito, lo anuncia así el propio embajador de esa potencia y el Presidente omite pedir al Congreso de la República la autorización a que está obligado por expresa determinación de la Constitución. Una carta informal sustituye la vía institucional. Recurso habilidoso que dolosamente usurpa una función propia del Senado.
El Estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia y la consiguiente declaración de emergencia económica decididas por el gobierno dan lugar a medidas que favorecen privilegios, conculcan derechos fundamentales y dificultan el funcionamiento de otros poderes públicos. Patente el favorecimiento del sector financiero y grandes empresas y la desatención a la mediana y pequeña empresa que ya se está tomando las calles para presionar soluciones. El país por momentos vive virtualmente sin Congreso de la República y, por ende, sin el ejercicio cabal del necesario control político en toda circunstancia.
El conflicto entre el cuidado de la vida y la presión por volver a las actividades económicas hace que se tomen determinaciones respecto a la operación de algunos servicios que son consideradas inconvenientes o injustas por importantes actores sociales los cuales deciden declararse en desobediencia civil, como es el caso de la educación (alternancia) y frente al cobro y alza de tarifas en plena pandemia.
Propio es de una república que el gobierno en funciones cumpla los pactos suscritos por un gobierno anterior si ellos tienen el carácter de actos de Estado; pues ahora es flagrante el incumplimiento de parte sustantiva de los acuerdos de paz suscritos en noviembre de 2016, refrendados por el Congreso de la República, vertidos a normas declaradas exequibles por la Corte Constitucional y amparados por el Consejo de Seguridad de la ONU.
En el orden republicano la legitimidad de un gobierno descansa en la legitimidad de su origen. Comienzan a conocerse hechos, como la neñepolítica y otros de enorme gravedad, que constituyen indicios serios de compra masiva de votos con dineros de origen oscuro.
Siendo evidentes y palpables para la generalidad de la ciudadanía los hechos que sucintamente se acaban de señalar, no hay duda que estamos ante una verdadera crisis de la forma republicana de vivir y gobernar. Se vuelve caricatura, aún más, el Estado Social de Derecho.
Por ello esta columna ha sostenido que Colombia está abocada no solo a la transición de la guerra a la paz sino, de manera más integral, de la república elitista, tan frecuentemente violenta y corrupta, que predomina desde la independencia, a una verdadera república convivente, ética, democrática y social. Otra república requiere otra política. luis.sandoval.1843@gmail.com