Por: Camilo Sánchez O

De los carteles al carrusel de los concesionarios

Hace diez años realicé varios debates en el Senado que tenían nombre propio “El Cartel de los Concesionarios”, donde destapamos procesos de corrupción, y gracias a estos se logró impedir la entrega de concesiones a particulares que financiaran este tipo de obras a través del cobro de peajes anticipados; logramos suspender la cláusula de compensación y desde entonces impedimos que las nuevas concesiones obtengan los recursos del tráfico garantizado, que hoy siguen siendo la vena rota de las concesiones de primera generación.

Nunca imaginamos que una década después el panorama de  la contratación pública en Colombia sea aún más turbio. Según la última encuesta de Probidad, en nuestro país el 84,4% de los empresarios se abstiene de participar en los procesos de contratación con el Estado, porque considera que la competencia es desigual debido a la corrupción del proceso licitatorio. La manera de cómo legalizar la corrupción, se encuentra en la elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia de cada proceso, para lo cual los asesores jurídicos y externos de turno crean el cedazo para permitir la manipulación.

Un primer filtro, bajo el pretexto de aplicar la ley 1150 de 2007, son los requisitos condicionados en los pliegos de experiencias técnicas tan puntuales a los proponente que casi determinan el contratista; indicadores financieros o patrimonios elevados en comparación con el objeto y la cuantía del contrato; presupuestos de obra y precios unitarios que hacen inviable inicialmente cualquier propuesta, porque rompen el equilibrio contractual de las partes, el cual se recobra una vez se adjudica y se le concede a éste la cláusula de precios no previstos, la posibilidad de modificación de los diseños, y alternativas de métodos constructivos, que generan altas rentabilidades distantes al contrato inicial. Pese a que la ley permite que los contratos se puedan adicionar hasta el 50% del valor inicial, hoy por la vía de las mayores cantidades de obra o urgencias manifiestas, vemos contratos que desbordan la aplicación de la Ley.

Muchas son las modalidades para impedir el mayor número de proponentes como la de exigir una visita de obra en fecha, hora, y sitio, que muy pocos pueden cumplir; o la descalificación del contratista por elementos o errores de carácter subjetivo. Se ha llegado a casos tan aberrantes, que al cumplir todos los requisitos, que en algunos casos son Gelementales, el desempate lo hacen por el primero que presentó la propuesta, que seguramente es quien conocía este determinante.

Es absurdo que al momento de evaluar las propuestas no se tenga en cuenta la experiencia de los proponentes en el sector privado, y lo que es peor, que al ser subcontratistas de obras del Estado, no se acepte dicha experiencia validándole sólo la ejecución de obra al contratista público directo, lo que hace que los subcontratistas nunca puedan ser contratistas.

Considero necesario y de manera perentoria limitar la libertad en la elaboración de los pliegos de licitación, unificando a nivel nacional, los manuales de contratación de las entidades oficiales, la ponderación de los requisitos esenciales por cuantía o tipo de proyecto, el listado de precios unitarios de obras públicas y la metodología de evaluación, incluyendo porcentajes fijos para ciertos estándares estables de todo proceso contractual. Condicionar sólo para casos técnicamente imprescindibles, la inclusión de cláusulas de precios no previstos, modificación de diseños y ajustes de precios, evitando así el desangre del erario público. En relación con la manipulación de la media aritmética o geométrica propongo que se adopte el sorteo de las fórmulas en la audiencia para una mayor transparencia.

El destape de los carteles de la contratación apenas comienza en Bogotá, y ahora debemos seguir por destapar el carrusel nacional, que nos dará muchas más sorpresas.

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Senador de la República

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