Por: Ramiro Bejarano Guzmán

De malas recetas

ALGUIEN EN EL GOBIERNO DENTRO del marco de las propuestas para combatir la corrupción en las altas cortes ambienta la idea perversa de exigirles a los nuevos abogados que aprueben un examen de Estado para poder ejercer la profesión.

¿Qué tendrá que ver el supuesto examen a los futuros jóvenes juristas con la corruptela en la cúpula judicial? Nada, menos cuando el proyecto de equilibrio de poderes subirá a 50 años la edad mínima para llegar a la cúspide de cualquier corte, y a 20 años la experiencia como abogado o docente.
 
Esta solución del examen de Estado para abogados ya se había desechado por inconveniente y peligrosa. Someterlos a un examen que les haría el Gobierno —adicional al que deben aprobar en la facultad— es desconocer varios pilares de nuestra organización universitaria y política. En efecto, no tendría sentido que el mismo Estado faculte a las universidades a evaluar a sus estudiantes, para luego de graduados someterlos a pruebas oficiales. Eso es no sólo desconfiar de las facultades de derecho, sino atribuirle al Gobierno funciones que no está en capacidad de desarrollar. Si una universidad evalúa mal a un estudiante de derecho, ¿quién o qué garantiza que el Estado sí lo hará bien?
 
Por lo demás, el experimento de examinar a los abogados desconoce que las universidades privadas, y en particular las escuelas de derecho, tienen origen político; es decir, todas han nacido no sólo por la necesidad de educación, sino principalmente porque interpretan tendencias políticas. Siendo ello así, la supuesta novedosa propuesta podría convertirse en un eficaz instrumento de persecución contra aquellos centros universitarios que no sean del agrado de los gobernantes del momento. Con mayor o menor intensidad cada gobierno suele privilegiar las universidades de sus afectos o coincidencias partidistas, dependiendo de dónde hayan egresado el presidente o los ministros o de si profesan su mismo credo. 
 
Por ejemplo, durante la seguridad democrática tuvieron ocho años espléndidos de contratación y favoritismos ciertas universidades ultracatólicas y conservadoras, como la Sergio Arboleda, la cual, según lo confesó recientemente Uribe Vélez, vio cómo el Gobierno convirtió a Jorge Pretelt en magistrado de la Corte Constitucional, porque era su vicerrector, detalle burocrático-político que pesó más que sus vínculos en Córdoba. Los resultados están a la vista.
 
Fácil resulta suponer que así como un gobierno puede privilegiar una determinada universidad por intereses partidistas, también puede aniquilar a la que sienta adversa a sus propósitos políticos. En otros tiempos, cuando la Externado de Colombia enarbolaba la enhiesta antorcha del liberalismo radical, fue víctima de la persecución de la oprobiosa hegemonía conservadora, tanto que debió cerrar sus aulas durante algunos años. Eso no debemos olvidarlo los externadistas, porque el éxito de la educación y el prestigio de los egresados no está en el oropel del poder ni en sumarse a todos los gobiernos o en aplaudirlos, sino en la verticalidad de los principios.
 
Si se quieren abogados bien preparados, la solución no es que el régimen de turno defina quiénes lo son, sino que cada facultad modernice programas y revise sus fallas estructurales. Hoy, para no ir muy lejos, es trascendente que los abogados requieren volverse diestros en técnicas para desempeñarse en el sistema oral que se está implementando en todas las ramas de la justicia. Me temo que el Estado no está vigilando ni controlando que se ofrezca adiestramiento necesario para el jurista del porvenir. 
 
La corrupción que asfixia la cumbre judicial no se resolverá improvisando propuestas insensatas para las facultades de derecho, que deben seguir siendo autónomas, sin que ello implique que las universidades no puedan ser vigiladas y controladas, como enhorabuena lo previó la Ley 1740 de 2014. Pero sobre ese tema habrá que volver, porque no les ha gustado a quienes pretenden atrincherarse en la autonomía universitaria para hacer y deshacer.
 
Adenda. Sentido adiós al amigo Carlos Gaviria, un gran colombiano, humanista, demócrata y filósofo. Abrazo solidario a su viuda y sus hijos. 
 
Buscar columnista

Últimas Columnas de Ramiro Bejarano Guzmán