Por: José Fernando Isaza

De medicamentos y política

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA POLÍTICA colombiana en relación con la industria farmacéutica multinacional ha sido privilegiar la rentabilidad de ésta con preferencia a las necesidades de salud del país.

Un estudio realizado por Fedesarrollo mostraba que aceptar las pretensiones de los propietarios de las patentes le costaría al sistema de seguridad social anualmente mucho más que lo que recibía el país por el Plan Colombia. En las negociaciones del Grupo Andino, y de la OMC, la posición de Colombia ha sorprendido aún a los países desarrollados, por la cerrada defensa del país de la industria multinacional farmacéutica. El Gobierno Nacional ha sido más generoso con este sector que los países anfitriones.

Es decepcionante constatar que las mejoras que obtuvo Colombia en lo referente a propiedad intelectual de medicamentos no fue fruto de sus negociadores, sino imposición del Partido Demócrata, que exigió que quedara en el texto la promoción del acceso a los medicamentos para proteger la salud pública.

Esta modificación quedó como anexo del TLC, pues el Congreso, muy diligentemente había aprobado el texto presentado por el Gobierno Nacional.

Duele comparar la posición de nuestro gobierno, con la de países como Brasil, India y Sudáfrica. Para éstos la prioridad es la salud de sus habitantes y el acceso a medicamentos a precios razonables; esta política define la orientación en las negociaciones de comercio internacional.

La industria farmacéutica requiere de precios adecuados para recuperar sus inversiones en desarrollo de nuevos productos. Sin embargo los gastos son mucho menores que los que reportan los relacionistas y lobbistas de la industria.

La cifra de US$1.000 millones de gasto en inversión y desarrollo (I & C) para ofrecer un nuevo medicamento, se ha convertido en un dogma de fe. La realidad es bien diferente, como lo muestra Marcia Argell, en su libro La verdad acerca de la industria farmacéutica. La cifra de US$1.000 millones es un “redondeo” de US$802 millones, que sale de un estudio financiado por la industria farmacéutica, realizado por el grupo Tufts. Como lo demuestra Argell, la cifra corresponde al costo de I & D de un grupo reducido y de fármacos costosos. El promedio real se acerca a US$265 millones; parte significativa del costo es asumida por la sociedad a través de descuentos impositivos e investigación en las universidades.

Con buen criterio, el Procurador General de la Nación, en su concepto a la Corte Constitucional sobre el TLC, le pide declarar inconstitucional la cláusula de Propiedad Intelectual “pues dado el momento actual de desarrollo tecnológico del país, la función principal de nuestras autoridades sería convertirse en simples guardianes de los productos de los EE.UU.”.

No deja de ser irónico, que cuando los EE.UU. creyó que era víctima del bioterrorismo, por ataques esporádicos con ántrax, el presidente Bush le pidió a la industria farmacéutica que redujera el precio del Cipro para que el pueblo americano pudiera comprarlo y protegerse.

En un ranking de países en los cuales el lobby de la industria farmacéutica ha tenido mayor éxito, de lejos Colombia se llevaría el primer puesto. El costo lo asumen los usuarios.

* Rector, Universidad Jorge Tadeo Lozano

Buscar columnista

Últimas Columnas de José Fernando Isaza